El 39% de los lectores de Diario Judicial que participaron de la última encuesta culpó más al propio sistema de ejecución penal que al mismo juez Carlos Rossi -el 32% lo vio responsable-, quien liberó al asesino de Micaela. Para el 29%, el magistrado que se encuentra de licencia actuó según la ley.
El femicidio de Micaela García puso bajo la lupa el accionar del juez entrerriano Carlos Alfredo Rossi por otorgarle la libertad condicional al asesino de la joven, Sebastián José Luis Wagner, condenado por dos violaciones. Inmediatamente el magistrado sufrió una fuerte condena social que lo llevó a solicitar una licencia médica por una supuesta depresión y contrató a tres abogados penalistas para enfrentar las denuncias en su contra.
Para tomar la decisión, Rossi omitió los dictámenes desfavorables del Equipo Técnico Criminológico y del Consejo Correccional de la Unidad Penal Nº9, donde estaba alojado Wagner. También tenía dictamen negativo del Equipo Interdisciplinario del Juzgado de Ejecución de Penas.
La muerte de la joven cobró tal magnitud que el Presidente, Maurio Macri, expresó "el sistema se equivocó o el juez Rossi no entendió la dimensión de su tarea. Pero este tipo de jueces no los podemos tener. No podemos tener un juez que cree que en la vida es opinable lo que uno puede hacer. Uno tiene que estar seguro de las decisiones que toma".
En la misma línea, Germán Garavano, Ministro de Justicia de la Nación, y numerosas figuras políticas pidieron su destitución.
Actualmente, Rossi espera la decisión del los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos, que cuentan con 60 días para determinar si hay motivos suficientes para someterlo a un juicio político.
A raíz de ello, Diario Judicial realizó una encuesta entre sus lectores donde fueron interrogados sobre la actuación de la justicia en el caso. Contrariamente a las opiniones reflejadas en la opinión pública: el 39% de los votantes opinó que lo que permitió la polémica liberación del asesino es el propio sistema de ejecución penal y que debe ser reformado de manera urgente.
Ahora, el 32% de los lectores responsabilizó al propio magistrado. Mientras que el 29% opinó que Rossi actuó de acuerdo a la ley.
El caso Micaela reflotó una vieja discusión sobre la reforma de la Ley de Ejecución de la Pena, 24.660, y la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado reunió a diferentes especialistas para debatir su posible sanción y así prohibir las salidas transitorias y la libertad condicional a autores de delitos graves y violadores.
La Ley de Ejecución de Penas ya fue modificada en el año 2011 a raíz de la muerte de una mujer, en 2009, en manos de un vecino que gozaba del beneficio de las salidas transitorias mientras cumplía una condena de 12 años por violar a una menor. En esa oportunidad, la modificación alcanzó a los delitos de abuso sexual gravemente ultrajantes, abusos seguidos de muerte y corrupción de menores.
Sumado a ello, en 2012, el Senado derogó la figura del Avenimiento, que permitía la exención de la pena para el imputado si se casaba con su víctima, la víctima de violación, estupro, rapto o abuso deshonesto. Lo cierto es que no importa la cantidad de leyes protectoras que se hagan a favor de las mujeres sino hay una política judicial que garantice su aplicación.
Durante el debate, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se mostró a favor de la sanción y aseguró que ayudará a “reconstruir la confianza” en la sociedad, ya que en la actualidad existe “una sensación de impunidad”. Acompañó su visión el Ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, que pidió enfocar el derecho penal desde la víctima para poder cambiar el paradigma.
Todo indica que el proyecto se convertirá en ley el miércoles, durante la sesión en la Cámara Alta, pero aún no está claro sus alcances y si realmente servirá para evitar las muertes de las mujeres.