Mediante el Acuerdo Nº 183/17, el Superior Tribunal de Justicia de San Luis suspendió la destrucción de todos los expedientes judiciales iniciados entre los años 1972 y 1983, cualquiera sea el objeto y fuero en el que hayan tramitado. Dicha medida se tomó a raíz de la presentación realizada por la Unidad Fiscal Especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado del Ministerio Público Fiscal de la Nación, en la que se solicitó el "dictado de una Acordada que disponga la referida preservación, a los fines de contar con dicha fuente documental para la investigación de delitos de lesa humanidad". En la petición se expresó que "resulta inseguro seleccionar a priori la utilidad de algunos expedientes para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad", dado que ello "depende de cada investigación en concreto, por lo que se entiende debería considerarse la posibilidad de disponer la preservación de todos los expedientes judiciales del mencionado periodo".