Ante una nueva investigación contra la procuradora Alejandra Gils Carbó por el alquiler de un edificio que nunca se utilizó, la Procuración General salió aclarar que el alquiler del inmueble ubicado en Avenida Corrientes 1615 de la Ciudad "tuvo como objetivo dotar al Ministerio Público Fiscal de la estructura edilicia necesaria para dar cumplimiento al cronograma de implementación del nuevo Código Procesal Penal acusatorio dispuesto por el Congreso de la Nación en el 2015". El organismo manifestó que se alquiló el edificio para "soportar el aumento exponencial de trabajo que tendrían las Fiscalías y Unidades Fiscales tras la entrada en vigencia del nuevo Código", pero luego el Poder Ejecutivo "suspendió la entrada en vigencia de ese ordenamiento procesal y hasta hoy no se ha definido un nuevo cronograma de implementación". De este modo, la Procuración explicó que la Secretaría de Administración y la Asesoría Letrada del organismo recomendaron "rescindir el contrato de alquiler", lo que sucedió el 26 de febrero de 2016 mediante la Resolución Administrativa N° 387/2016.