El camarista federal Eduardo Freiler se encuentra nuevamente en la mira del Consejo de la Magistratura por la compra de un auto con cheques de un empresario presuntamente beneficiado en una causa vinculada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico. El titular de la Comisión de Disciplina, Pablo Tonelli, dijo que el caso es "extremo" y "difícilmente haya otro con estas peculiaridades".
La situación del camarista Eduardo Freiler se complica cada vez más. Ahora, se conoció que el juez federal compró un automóvil de alta gama con cheques del dueño de una fábrica de pastas de La Plata, quien resultó presuntamente beneficiado en un expediente vinculado al lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Según publicó el diario La Nación, el juez adquirió una cupé Mercedes Benz C 250 Blue Efficiency, y parte de su valor se pagó al contado y el resto con cheques mensuales librado por la fábrica de pastas Establecimiento DF SA, a nombre de Raúl Alberto Mingini, quien acumuló varias causas judiciales.
Mengini acudió a la Justicia y logró que la Cámara de Casación Penal le adjudicara el uso y explotación de la estancia Rincón Grande, que había pertenecido al narco mexicano Amado Carrillo, más conocido como el "El Señor de los Cielos", sobre la cual aquel afirmaba tener una hipoteca.
El diputado nacional y presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación, Pablo Tonelli, manifestó que el Cuerpo “conoce la existencia de la compra del auto” y "el pago con cheques de dicha empresa”.
Tonelli, quien lleva adelante la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, se encuentra elaborando un proyecto de dictamen que podría culminar con la suspensión, juicio político y destitución del magistrado.
“Es causal de una investigación. Estamos reuniendo elementos de prueba”, sostuvo Tonelli y añadió:”Nosotros analizamos el período 2012-2016. En ese período la diferencia entre los ingresos y los gastos estrictamente comprobados es de 7 millones, pero no incluye alimentación, esparcimientos, ropa y viajes. Por ello, la diferencia de lo que no puede justificar se eleva a unos 17 millones de pesos”.
El consejero opinó que el “caso es extremo”, pero no descartó que haya otros magistrados en la misma situación. “Difícilmente haya otro caso con estas peculiaridades”, afirmó en diálogo con Radio Cultura.