La compañía constructora Odebrecht, envuelta en un escándalo de corrupción en toda la región, propuso un acuerdo tripartito con el Poder Ejecutivo de la Nación y el Ministerio Público Fiscal (MPF). El acuerdo que busca la empresa brasileña para brindar información sobre qué funcionarios públicos y empresarios cobraron sobornos en la Argentina concede amplios beneficios a la compañía -una especie de amnistía a cambio de información- pero que, al mismo tiempo, puede configurar un delito para sus firmantes. Es una oferta que ya aceptaron algunos países de la región, pero que no encuadra con las leyes argentinas. Lo más paradójico en favor del Estado aparece en el "Capítulo IV", titulado "Obligaciones de la empresa". "La indemnización será abonada mediante una retención de un 10% de los ingresos que perciba la empresa de todas sus contrataciones con el Estado", señala el texto. Y propone la creación de un fideicomiso entre la empresa y el Estado para ejecutar el pago del resarcimiento. Pero el acuerdo que impulsa Odebrecht contempla muchísimas obligaciones del Gobierno argentino: garantizar los contratos ya firmados. Y enumera: "No iniciar, avalar, impulsar o ejercer ninguna acción de naturaleza penal contra la empresa, los colaboradores y los adherentes (...) No ejercer ninguna acción sancionatoria ni resarcitoria por los hechos (...) No avalar, facilitar, promover o colaborar con acciones de terceros contra la empresa". A su vez, el texto también desgrana las obligaciones que debería cumplir el MPF. "Reconocer el derecho de todos los agentes que hayan adherido al acuerdo o adhieran en el futuro a no verse sujetos a procesos por los hechos declarados". Y promueve otras restricciones penales para proteger a la compañía y a sus ejecutivos como el compromiso a no aplicar "ninguna medida de cualquier naturaleza que pueda afectar el funcionamiento de la empresa, sus contratos vigentes o futuros, su participación en licitaciones", entre otras cosas. Desde el oficialismo no descartan que la empresa quiera primero cerrar un acuerdo con el Gobierno para luego presionar a la Justicia. A todo esto, el fiscal Federico Delgado había ofrecido a Odebrecht aportar datos bajo la figura del arrepentido, una norma que no permite la renuncia a la acción penal en ninguna circunstancia.