Los lectores de Diario Judicial fueron implacables con los tres ministros de la Corte Suprema que votaron a favor del “2x1”: pese a que antes propiciaron que se respete su fallo, la mayoría de los encuestados opina que “deberían replantearse su continuidad”, mientras que también pisa fuerte el criterio de que deben “rendir cuentas” ante el Congreso.
La Corte Suprema falló en favor de la aplicación de la Ley del “2x1” en favor de los condenados por delitos de lesa humanidad que provocó la erupción de un volcán que se pensaba que hacía tiempo estaba apagado. Su doctrina interpretada como “regresiva” en materia de derechos humanos le valió golpes de todo el espectro político, una movilización multitudinaria en plaza de mayo y hasta el reproche desde el ámbito académico.
Ahora, pasadas tres semanas desde el fallo y con las aguas un poco más calmas, una encuesta que Diario Judicial hizo a sus lectores para que brinden su opinión acerca del futuro inmediato de la Corte Suprema tras el desprestigio que le generó el fallo, revela que el asunto no quedará como una anécdota.
De las tres opciones que les dio este medio a los que decidieron participar del reelevamiento, encabeza la lista la opinión de que el Máximo Tribunal necesita una renovación y los jueces Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, que votaron a favor del beneficio a los ex represores “deberían replantearse su continuidad”.
Esta encuesta admite varias lecturas. Una semana atrás este medio consultó a sus lectores acerca de qué opinaban sobre el fallo “Muiña” y un porcentaje idéntico (el 51%) se mostró “legalista” en materia de acatamiento del fallo. En esa oportunidad triunfó la opción que entiende que el fallo fue decidido por la mayoría de la Corte “y aunque no guste debe ser respetado”. De estos datos se puede interpretar que no hay tantas objeciones desde lo jurídico, aunque la crítica viene desde lo político o incluso desde un aspecto ético o moral.
Pese a que esa fue la postura triunfante, la encuesta, realizada un día antes de la multitudinaria marcha en la Plaza de Mayo, en lo que significó la primera movilización en repudio de una decisión del Máximo Tribunal, también dio cuenta de que lo decido cayó mal en la opinión pública.
Si uno se remite a los números, un 32% había adherido a la idea de que los ministros de la Corte que votaron a favor del “2x1” deberían ser sometidos a juicio político “tal como solicitan abogados y legisladores de la oposición”.
Además, un 18% de los encuestados en ese momento dijo que el fallo “es inconstitucional” y que por ello el Congreso, el Gobierno o incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos “deberían interponerse para evitar el beneficio a ex represores”.
Dos semanas después, el reparto de votantes se dio con el mismo porcentaje. Esta vez, sumado al pedido de “replanteo” de la continuidad de los supremos, un 33% de los lectores de Diario Judicial se mostraron partidarios de que la Corte Suprema tenga “algún tipo de control” o un mecanismo de rendición de cuentas con el Congreso, tal como fue solicitado desde el Senado.
En última instancia, un 18% se inclinó por otra de las soluciones recurrentes que plantea el sistema político a la hora de discutir la conformación de la Corte Suprema: la idea de ampliarla. Al respecto, los lectores de Diario Judicial propiciaron esa solución con el objeto de “modificar el esquema de los acuerdos”.