La Procuración General brasileña advirtió este lunes a su par de la Argentina, a cargo de Alejandra Gils Carbó, que los datos sobre los receptores de las coimas en el país que aportaron a la Justicia los directivos "arrepentidos" de Odebrecht y que deberían comenzar a llegar a partir del próximo jueves no podrán ser revelados públicamente. Al respecto, y a través del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, el Gobierno sugirió que, como la Procuradora "ha tenido una actitud muy pasiva que, de mínima, podremos atribuir a sus vinculaciones con el kirchnerismo", si "por razones razones legales hubiera impedimentos" podría apelarse "a otros instrumentos". Así, Peña propuso recurrir a la Comisión Bicameral de seguimiento de temas del Ministerio Público o la Oficina Anticorrupción para que "no quede encapsulada esa información" y se puedan "conocer los nombres de quienes cobraron las coimas". Sin embargo, en la nota recibida del ministerio público de Brasil, el fiscal general brasileño Rodrigo Janot Monteiro de Barros le advirtió a Gils Carbó que "no habrá difusión pública" del contenido de sus envíos y reclamó que "se mantenga el secreto con respecto a todas esas pruebas cuando se refieran a hechos ocurridos fuera de Brasil". También dijo que "existe la posibilidad de que el Supremo Tribunal Federal suspenda la confidencialidad de las declaraciones", pero que él mismo había realizado "una solicitud formal y expresa... para que se mantenga el secreto". "No habrá difusión pública del contenido de esa parte de la colaboración y, consecuentemente, se evitarán eventuales perjuicios a la investigación que actualmente se realiza sobre el tema en el Ministerio Público dirigido por Usted", refiere la comunicación enviada a la jefa de los fiscales argentinos. También este lunes, en una presentación en Tribunales ante el fiscal federal Federico Delgado, quien lleva adelante dos de las tres causas que tiene Odebrecht en el país, la diputada Elisa Carrió reclamó que "se tomen las medidas necesarias para garantizar que la información se remita a los jueces y fiscales a cargo de las causas en trámite y no queden solo en manos de las autoridades de la Procuración General de la Nación".