El Senado convirtió en ley el proyecto que garantiza el patrocinio jurídico gratuito para todas las víctimas de delitos para que puedan seguir de cerca las causas judiciales. Además, se crearán Centros de Protección y Asistencia que funcionarán las 24 hs con un cuerpo interdisciplinarios de profesionales.
El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto que garantiza el patrocinio jurídico gratuito durante todo el proceso judicial para las víctimas de delitos. La iniciativa fue aprobada por unanimidad y con algunos cambios, por lo que volverá a Diputados para su sanción definitiva.
El proyecto que fue impulsado originalmente por el Frente Renovador preve, entre otras cosas, la apertura de Centros de Protección y Asistencia a las Víctimas, que deberán funcionar las 24 horas y tendrán que contar con médicos, psicólogos, asistentes sociales e investigadores especializados.
Además, establece que las víctimas deben ser notificadas sobre las excarcelaciones, los permisos de libertad condicional o las salidas transitorias que se les otorguen a los delincuentes condenados y a los acusados.
Entre los cambios más significativos que introdujeron los senadores aparece la figura de un defensor público de la víctima, que tendrá que ser designado uno por cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También, se creará una red de abogados de la Defensoría General de la Nación que actuarán como defensores coadyuvantes.
Antes de llegar al recinto, el proyecto fue discutido en siete comisiones y, en todas ellas, el presidente de la Comisión de Justicia, Pedro Guastavino, expresó la necesidad de que la Argentina cuente con una ley de este tipo. “Más de 50 víctimas o familiares de víctimas que nos dieron su testimonio yterminaron de convencernos de forma contundente que era necesario contar con una ley de estas características”, agregó el senador.
Guastavino resaltó que la víctima deberá contar con “un trato respetuoso de su intimidad, ser informada sobre sus derechos, poder intervenir como querellante, ser informada sobre el estado del imputado”.
El defensor público designado para asistir a la víctima deberá contar con el acuerdo del Senado y y será asistido por 123 letrados de la Defensoría para que lo acompañen.