A siete meses de la puesta en vigencia de la Ley de Flagrancia, el Ministerio de Justicia de la Nación informó que el 54% de los casos son resueltos dentro de las primeras 30 horas de ocurrido el hecho, mientras que cada audiencia dura, en promedio, 30 minutos. La implementación y los resultados del nuevo régimen.
Como parte de la implementación del nuevo procedimiento de Flagrancia, la Subsecretaría de Política Criminal, a través de la Unidad de Asistencia para la Reforma Procesal Penal, relevó audiencias del procedimiento de flagrancia de la Justicia Criminal y Correccional Nacional.
Según los registros oficiales, en la primera semana de abril se realizaron casi 100 audiencias. De ese total, la mayoría es por delitos de tentativa de robo, lesiones y tentativa de hurto. Los datos demuestran que sólo transcurren 30 horas desde la detención del imputado hasta la primera audiencia con el juez, mientras que cada audiencia fue, en promedio, de 30 minutos.
Los datos oficiales establecen que fueron imputados 22 extranjeros y 78 argentinos, en su gran mayoría, hombres (86 por ciento). “El 54% de los casos se soluciona en la primera audiencia. Una persona es detenida el lunes, y el martes tiene la audiencia y se termina la causa. Esto permite destinar a los casos más complejos los recursos técnicos y humanos”, expresó Luciana Carrasco, asesora de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia.
Los primeros balances
Según establece el procedimiento, después de la detención y de la declaración del caso como “flagrante” de parte del fiscal, el imputado es llevado ante el magistrado para participar de la audiencia oral inicial de flagrancia, la que deberá llevarse a cabo dentro de las veinticuatro horas desde la detención, prorrogable por otras veinticuatro.
Al comienzo, los jueces y fiscales expresaron cierto recelo ante la nueva normativa. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) expresó sus quejas en relación a la capacitación de las fuerzas de seguridad, el traslado de personas privadas de la libertad y los soportes tecnológicos e informáticos.
A siete meses de su implementación, los funcionarios judiciales coinciden que se logró superar los escollos e inconvenientes. “Fue una ley con desafíos en su implementación”, expresó Carrasco, quien además indicó que “son optimistas” sobre los resultados y aplicación del nuevo régimen en el país.
Puntualmente, Carrasco señaló la “importancia de la capacitación” de los funcionarios judiciales y aseguró que las cuestiones relacionadas con el servicio penitenciario y reincidencia “están funcionando muy bien”.
Sobre las cuestiones tecnológicas, Carrasco subrayó que “no fue un problema” porque se “dispusieron” las partidas presupuestarias necesarias y licitaciones para adquirir los insumos para dotar a los juzgados encargados de los procedimientos en los casos de flagrancia.