Más respeto a los jueces

Tras las críticas propinadas a un sector del Poder Judicial por parte de dirigentes políticos, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) salió en defensa de los integrantes de la Justicia. Lo hizo a través de un comunicado en el que expresa una “profunda preocupación” ante las manifestaciones públicas de “funcionarios políticos”.

En los últimos tiempos se han sucedido manifestaciones públicas de funcionarios políticos poniendo en tela de juicio la actuación de los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación en términos de generalización tal que llevan a confusión a la ciudadanía y crean un clima de sospechas, tanto en el país como en el extranjero”, reza el comunicado, que cuenta con la firma de la presidente de la Asociación, la camarista Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, el vice Néstor Costabel, y los vicepresidentes que representan al Ministerio Público Fiscal, de la Defensa y al Estamento de Funcionarios : Ricardo Sáenz, Atilio Álvarez y Fátima Nicastro.

Las miradas apuntan a las últimas declaraciones de dirigentes del oficialismo. Sin ir más lejos, el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, en una charla en la sede del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires – más conocido como el Colegio “de la calle Montevideo”- dijo no querer “una justicia atada a los vaivenes de la política”

Esas declaraciones se dieron en el marco del seminario "Justicia y Transparencia", y al mencionar el accionar del Poder Jurisdiccional en las causas de corrupción, el jefe de Estado sostuvo que “si el señor Julio De Vido tiene demasiados amigos en la justicia, los jueces tienen que saber que queremos saber la verdad o vamos a buscar otros jueces que nos representen".

El “factor Freiler” también pesó: El fallido intento por enviar a juicio político al camarista federal la último semana cayó mal en las filas del oficialismo. Las declaraciones de Macri fueron dadas casi en simultáneo con la postergación, por parte del Consejo de la Magistratura, del tratamiento del dictamen que aconseja enviar al camarista federal al jury de enjuiciamiento.

La Asociación de Magistrados entonces dijo basta y salió nuevamente en defensa de los miembros del Poder Judicial, la entidad presidida por Díaz Cordero, en su rol de “representante institucional de los magistrados afectados en conjunto por estas apreciaciones”, admite que “ha intentado guardar prudente silencio frente a todas y cada una de las expresiones agraviantes”, pero “la repetición, y un nivel creciente en las mismas, obliga a expresar públicamente la profunda preocupación que esto crea, y advertir sobre el riesgo cierto de conflictos injustos e innecesarios”.

De acuerdo con el comunicado, “ningún caso puntual de inconducta, presunta o probada, de algún magistrado justifica la generalización a todo el cuerpo del sistema de justicia nacional y federal”. Al respecto, la AMFJN además puntualizó que “ante cada caso probado, ha sido esta Asociación y los mismos jueces integrantes del Consejo de la Magistratura, los que en su mayoría definieron con certeza las acciones a seguir”.

“Ningún fallo adverso a las pretensiones políticas, justifica tampoco agresiones institucionales ni cuestionamientos públicos a los jueces por el contenido de sus sentencias, en la medida en que de ellas no se desprendan evidencias de delito”, exclaman desde la asociación, aclarando que la misma “no ha querido jamás realizar defensas corporativas” y que es “la primera en desear que el conjunto de la magistratura no sufra el desdoro que puede causar la conducta de uno de sus miembros”.

Es la segunda intervención en poco tiempo por parte de la Asociación en defensa de los integrantes de la Justicia que han sido duramente criticados por sus fallos. Las miradas pueden ir un poco más atrás y centrarse también en los cuestionamientos que sufrieron los tres jueces de la Corte Suprema de Justicia que dictaron el fallo “Muiña”, que benefició con la ley del “2x1” a un represor condenado por delitos de lesa humanidad. La AMFJN defendió a los supremos Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz adelantando que sus solicitudes de juicio político y denuncia penal por el contenido de sus pronunciamientos “más allá del acierto o error de éstos, implican una evidente e indebida injerencia en la actividad jurisdiccional”.

Esta vez la AMFJN bregó por el el diálogo “entre todas las instituciones” y reclamó una abstención por parte de los funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo “de toda presión y de todo agravio al Poder Judicial y al Ministerio Público de la Nación”.