Por primera vez en la historia hubo una marcha multitudinaria contra un fallo de la Corte Suprema y en Tribunales hubo un clima enrarecido. El voto de la Ley “interpretativa” del “2x1” sirvió como paliativo. La Asociación de Magistrados salió a respaldar a los supremos: “La independencia del Poder Judicial no admite recortes”, lanzó en un comunicado. Macri firmó el decreto y este viernes se reglamenta la nueva ley con su publicación en el Boletín Oficial.
La multitudinaria marcha de ayer en Plaza de Mayo significó la primera movilización contra un fallo judicial. La sentencia que benefició con la aplicación del “2x1” a Luis Muiña, condenado por cinco casos de secuestros en el marco de la última dictadura generó un terremoto impensado para quienes transita el cuarto piso del Palacio de Justicia.
El repudio generalizado al fallo que declaró la aplicación del artículo 7° de la Ley 24.390 y que le costó a Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti las críticas de casi todo el arco político, presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pedidos de juicio político y una denuncia penal por prevaricato, cuya instrucción fue requerida por el fiscal Guillermo Marijuan, provocó una situación pocas veces vistas en el Congreso Nacional, con la aprobación inmediata de la ley que “interpreta” los alcances de la aplicación del beneficio del “2x1”
La iniciativa, presentada por distintos bloques legislativos y que, en concreto, dispone que el beneficio “no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en los delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra”, por lo que sólo podrá regir en los casos en los que el condenado "hubiese estado privado de su libertad en forma preventiva entre 1994 y 2001", fue aprobada por una apabullante mayoría en ambas Cámaras. En Diputados por 211 votos afirmativos contra 1 negativo y en el Senado por 56 votos a favor y ninguno en contra.
El apuro por la sanción de la ley también obedecía a razones políticas: se buscaba la aprobación del proyecto antes del inicio de la multitudinaria marcha y como una respuesta ante la indignación pública. Pese a que varios especialistas critican que se trata de una ley que interpreta una norma ya derogada, y que además es retroactiva, a esta altura su aplicación significa la salida menos dañosa para la crisis institucional que generó el Máximo Tribunal, que después de estos eventos sigue modificando sus “controles y balances” internos”
El 2017 comenzó movido para el Máximo Tribunal, que dictó fallos de alto contenido institucional. Primer fue en “Fontevecchia” donde declaró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede ser considerada como cuarta instancia y por ende no le puede revocar sus fallos.
Luego de llegó el fallo “Villamil” donde declaró que las acciones civiles por daños derivados por delitos de lesa humanidad no son imprescriptibles y al mismo tiempo la sentencia de la causa “Alespeiti”, donde permitió el arresto domiciliario de un condenado por crímenes de lesa humanidad, y donde destacó que la obligación de perseguir esos crímenes “debe ser cumplida por los tribunales argentinos sin vulnerar los principios constitucionales de legalidad y debido proceso invocado”.
En el medio, modificó el criterio del fallo “Fayt” mantenido hace casi 20 años en relación a la vigencia de la cláusula constitucional que obliga a los jueces a requerir un nuevo acuerdo para seguir en su cargo después de los 75 años.
Voces críticas al nuevo giro doctrinario de la Corte, que le da preeminencia al orden interno dejando en segundo lugar la importancia de la legislación internacional, vieron en esta sucesión de fallos como la cocina del plato principal que resultó ser la causa “Muiña”:
Todos los fallos tienen una particularidad: todos fueron suscriptos por mayoría, no hubo unanimidad de criterios. Así se puede observar uno de los cambios trascendentes de la Corte. A esto se agrega que no hay “bloques” de jueces que fallan en la misma sintonía, aunque fuentes que “patean” los Tribunales digan que sí: es que en el fallo.
Por ejemplo, en el caso “Alespeiti” Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz votaron a favor de la domiciliaria, mientras que Highton y Lorenzetti en contra. Pero en “Muiña” Highton formó parte de la mayoría que firmó el voto del repudio, mientras que Maqueda y Lorenzetti se pronunciaron en fuerte contradicción con los otros supremos. En “Fontevecchia” fueron Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco los votos de la mayoría, junto con Carlos Rosenkrantz
Lo que sí es seguro que el presidente supremo, Ricardo Lorenzetti, no vota siempre con la mayoría, lo que revela el cambio de estructura del Alto Tribunal. En cambio, Carlos Rosenkrantz siempre votó con la mayoría: ¿una señal de los nuevos tiempos?
Más allá de las posibles lecturas, con la decisión en “Muiña” el gran beneficiado fue Lorenzetti, que salió del centro de la escena tras los ataques de Elisa Carrió – quien fue la única voz que se mostró a favor del fallo y recordó que Raul Zaffaroni votó en la misma sintonía- y ahora no es el único ministro de la Corte con pedido de juicio político en el Congreso. El otro es Maqueda, a quien lo sindican como autor de los votos más interesantes de la Corte en esta “nueva era”. El jurista cordobés termina siendo el único que no tiene denuncias en su contra.
Defensa de la independencia judicial
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) salió a respaldar a los supremos. Por medio de un comunicado reitero que la independencia del Poder Judicial “no admite recortes, sólo la exigencia de actuar imparcial e idóneamente”. Esto va en consonancia con las voces que cuestionan tanto la denuncia penal como los pedidos de juicio político a jueces por el contenido de sus sentencias, estén a favor o en contra.
“Cualquiera que sea la instancia de un juez atacado por el sentido y contenido de sus sentencias, nuestra Asociación los defenderá como exigencia necesaria de convivencia republicana”, indica el texto, suscripto por toda la plana mayor de la asociación: su presidente María Lilia Díaz Cordero, el vice Néstor Guillermo Costabel, el vicepresidente por el Ministerio Público Fiscal Ricardo Sáenz y la vice por el estamento de funcionarios Fátima Nicastro
“Las solicitudes de juicio político y denuncia penal a los referidos magistrados por el contenido de sus pronunciamientos, más allá del acierto o error de éstos, implican una evidente e indebida injerencia en la actividad jurisdiccional”, concordaron los firmantes.
Una ley récord
El presidente Mauricio Macri firmó el jueves por la tarde el decreto que promulga la ley sancionada por el Senado nacional que excluye de la aplicación de la ley del denominado 2x1, a condenados por delitos de lesa humanidad. El decreto será publicado este viernes en el Boletín oficial.
De esta manera, en un trámite casi sin precedentes por la rapidez de la sanción y promulgación –el martes la Cámara de Diputados dio media sanción y el Senado la convirtió en ley el miércoles- Macri busca cerrar la polémica que involucró a la Corte y rozó al Gobierno a buena parte de la opinión pública.