La Corte Suprema citó a todas las provincias – excepto la Ciudad de Buenos Aires- para que se presenten en el juicio que inició la provincia de Buenos Aires en reclamo del “Fondo del Conurbano”. Es un reclamo sobre la constitucionalidad de la Ley de Impuesto a las Ganancias que establece un tope de $ 650.000.000 anuales a la participación del 10% que Buenos Aires tiene en el producido en el gravamen. “La controversia resulta común a los restantes estados provinciales”, aseguran desde el Tribunal.
Por decisión de la Corte Suprema de Justicia, 23 provincias que componen la República Argentina intervendrán en la causa “Buenos Aires, Provincia de c/ Estado Nacional y otras s/ acción declarativa de inconstitucionalidad y cobro de pesos”, el juicio millonario iniciado por la provincia de Buenos Aires en reclamo del llamado “Fondo del Conurbano Bonaerense”. La ausencia destacada en el proceso es la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Los ministros Ricardo Lorenzetti (según su voto) Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz consideraron que la controversia “resulta común a los restantes estados provinciales” y accedieron a la citación propuesta tanto por el Estado Nacional como por Buenos Aires y consecuentemente las provincias de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán serán de la partida.
No así el defensor del Pueblo Bonarense, Guido Lorenzino, quien solicitó se tenido como tercero en el proceso, pero sólo Lorenzetti avaló su pedido. Para la mayoría de la Corte los gobiernos provinciales pueden crear sus propias instituciones pero “no pueden ejercer sus atribuciones de tal manera que obste a los fines del gobierno federal en tanto este se mantenga dentro del ámbito de sus competencias”
La causa se inició con la demanda entablada por la provincia contra el Estado Nacional, buscando que la Corte Suprema declare la inconstitucionalidad de la Ley de Impuesto a las Ganancias en lo que hace al establecimiento del tope de $ 650.000.000 anuales convertibles a la participación del 10% que la provincia comandada por María Eugenia Vidal tiene en el producido en ese gravamen, con destino al originariamente llamado "Fondo del Conurbano Bonaerense" (hoy denominado unidad ejecutora de la cuenta especial "Reconstrucción del Gran Buenos Aires", con dependencia directa del gobernador.
Buenos Aires también reclama en el proceso, subsidiariamente, que se decrete la inconstitucionalidad de los artículos que la excluyen de la distribución del excedente del 10% del producido del tributo entre el resto de las provincias, y que prescriben que el 4% del producido por el impuesto se distribuirá entre todas las jurisdicciones provinciales "excluida la de Buenos Aires".
El gobierno de Vidal asegura que la fijación de ese tope perjudicó a la provincia en sus intereses, por considerar al mismo como "asfixiante" para las cuentas bonaerenses. En la demanda se cuestionó que el tope terminó “socavando en términos reales su porcentaje de coparticipación, a la vez que comenzaron a beneficiarse con su excedente el resto de las jurisdicciones provinciales”.
El Estado Nacional, a su turno, reconoció que el reclamo de la accionante es “un tema que no ha escapado al desequilibrio económico financiero general que ocurrió en 2001, y que aún hoy requiere de profundas reformas estructurales o de la intervención de la Justicia para encauzar sus impactos dentro del orden constitucional”.
Pese a que también admitió que el tope de $ 650 millones “ha vuelto inequitativo el reparto por su desactualización”, puso reparos al reclamo dado que “ello no significa que el planteo de inconstitucionalidad interpuesto tenga que ser admitido en los términos en los que lo ha planteado la accionante”.
Es más, Nación opuso una excepción de falta de legitimación pasiva porque aseguró que la demanda se dedujo por ser el Estado Nacional el que dictó la norma que “devino en inconstitucional por circunstancias sobrevinientes a su sanción”,pero sin embargo Nación “no es titular de la relación jurídica sustancial que da motivo a la controversia”.
Por esos motivos, Nación propició la intervención de las provincias dado que, de prosperar el reclamo, deberían ser aquellas “quienes tendrían que ceder parte de su coparticipación” para que Buenos Aires “perciba lo que pretende”. ”Es decir, que no es el Estado Nacional el que percibió ni el que percibe las cantidades de dinero que la actora demanda”, se defendió.
El gobierno de Vidal tendrá quince días hábiles para notificar a los gobernadores y fiscales de Estado de las provincias, mediante oficios “a los respectivos juzgados federales de cada una de las ciudades capitales”.