Cientos de abogados contra un ingeniero

El acto de asunción del nuevo canciller Jorge Faurie sirvió como plataforma para un discurso combativo de parte del presidente de la Nación, Mauricio Macri, contra la llamada “industria del juicio”. Para el jefe de Estado parte de las razones de la falta de generación de empleo tienen saco, corbata y maletín: abogados y jueces que litigan ante el fuero del Trabajo, incluso nombres propios como el de Héctor Recalde.

“Tenemos que enfrentar estas cosas, por ejemplo a la mafia de los juicios laborales que destruye la generación de empleo futuro. Este grupo de estudios laboralistas, por suerte una minoría, con un grupo de jueces laboralistas conducidos por Recalde, le ha hecho mucho daño a la Argentina”, denunció Macri.

Una de las raíces de los problemas que enfrentan las PYMES, según el mandatario, es el rol de los abogados. “Cuando convencen a un trabajador de una pyme de hacer un juicio indebido, y se lo hacen ganar porque tienen armadita la cosa, dejan a ocho, diez o doce trabajadores en la calle porque la pyme cierra”, aseguró Macri, para quien esa conducta también repercute en el empresariado a la hora de iniciar un nuevo emprendimiento, “aquel que tiene que tomar la decisión tiene miedo a que su esfuerzo se le vaya en uno de estos comportamientos mafiosos”, ejemplificó.

Los dichos generaron bronca en círculos de abogados laboralistas e inmediatamente los colegios profesionales salieron a repudiar las declaraciones de Macri con duros comunicados. Pero del lado de los dirigentes de empresa y de los estudios de letrados que las patrocinan hubo un fuerte respaldo.

“La industria del juicio no existe”

De esa forma se titular el comunicado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), que “asiste azorado ante un nuevo ataque a nuestra noble profesión”. La entidad presidida por Jorge Rizzo entiende que, en lugar de cambio, hay una continuidad de parte del Poder Ejecutivo a la hora de agredir a los letrados. Antes eran los abogados previsionalistas y los llamados caranchos”, que justificaron la reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo del año 2012, ahora son nuevamente los laboralistas. Para el CPACF el objetivo detrás de este discurso es otro: “se intenta una peligrosa regresión en materia de política laboral a los nefastos años 90”.

El CPACF dice también estar “absorto” ante los “poyos indiscriminados a violaciones constitucionales y/o derechos de los Trabajadores”, de ciertos colegas que nada dijeron sobre casos de gravedad como lo ocurrido con el fallo de la Corte Suprema que beneficia a condenados por delitos de lesa humanidad “. “Algunos de ellos, de manera descarada dicen representar a colegas, pero en realidad solo cuidan los intereses de sus clientes, los grandes grupos económicos y, en este caso puntual las ART o las empresas concesionarias de Servicios Públicos en su caso”, denuncia el Colegio, en clara

Desde Corrientes al 1400 señalan que el diagnóstico es errado y que el problema con la “mal llamada industria del juicio” es que la mayoría de las empresas no cumple con sus obligaciones legales y eso da lugar a los reclamos ante los Tribunales Laborales, que fallan a favor del trabajador porque simplemente acreditan esas fallas.

“No existe en la Argentina real una política, ni controles en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo, léase que no hay una verdadera prevención si no un mero interés de las empresas de pagar lo menos posible, sin importar realmente el cuidado de la vida y/o la salud de los trabajadores”, denuncia el comunicado.

“Evidentemente resulta mucho más económico para las empresas insultar a los trabajadores de la Abogacía en vez de realizar las inversiones necesarias para prevenir los riesgos así como las necesarias para la erradicación legal del trabajo en negro”, añade el texto, que también cuenta con la firma del secretario General de la institución, Pablo Dameschik.

Si hay delito, que lo denuncie

En Córdoba tampoco se quedaron callados. El Colegio de Abogados también se pronunció en contra de los dichos del presidente, reprochándole que, si tiene conocimiento de esa “mafia” de jueces y abogados, que vaya a la Justicia y lo denuncie, en lugar de “agraviar al conjunto de los abogados”.

El Colegio cordobés rechaza ese “ataque generalizado” así como la atribución de responsabilidad por “el cierre de PYMES, generación de juicios laborales infundados y destrucción de fuentes de empleo futuras”.

“Creemos indispensable que de tener el Sr. Presidente conocimiento de la comisión de hechos delictivos por parte de abogados y/o magistrados del fuero laboral, formule las denuncias correspondientes, sin tender un manto de sospecha sobre todos los abogados litigantes del fuero del trabajo”, consigna el comunicado.

Apoyo del sector empresario

Desde la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA), se concordó con el discurso de Macri. Daniel Funes de Rioja, abogado de empresas y vicepresidente de la institución, calificó de “perverso” el sistema por el cual se resuelven los conflictos del derecho del Trabajo.

En declaraciones a radio Latina, Funes de Rioja señaló que el sistema “ha generado profundas deformaciones tanto en el campo de los riesgos de trabajo, donde los accidentes de los días lunes o el reclamo por incapacidades son muchos mayores que los instaurados a nivel internacional y generan una industria del juicio que es innegable".

El letrado coincidió también en el hecho de que las principales afectadas por este contexto son las pequeñas empresas, que “no aguantan”.

“Si tienen cinco empleados, uno las termina. Y además no contratan. Ahora que Argentina vuelve a conectarse con el mundo, la preocupación principal por quienes quieren invertir es el tema de los juicios porque no hay un sistema claro sino que hay muchos atajos para la industria del juicio", sintetizó Funes de Rioja.