Cristina dijo ´caranchos´ y ardió Troya

“Es curioso que durante doce años, donde la gente no se podía jubilar, donde los haberes mínimos eran irrisorios, donde la responsabilidad estaba en las AFJP no se registraba ningún juicio contra las administradoras de los fondos de pensión, bastó que las tomara el Estado para que se desataran las cataratas de juicios”, precisó este jueves la presidenta Cristina Fernández. 

La primera mandataria se refirió que “los buitres y los caranchos no están solamente fuera (del país), también hay desafortunadamente adentro, y muchas veces se lanzan sobre el Estado”. La comparación generó revuelo entre el mundo de los abogados, sobre todo del fuero de la Seguridad Social.

Por eso, Diario Judicial habló con los representantes de los colegios de Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, y con Adrián Tróccoli, quien a comienzos de la década fue uno de los letrados que más procesos inició en contra de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

“Hay una serie de cuestiones que nos ponen los pelos de punta por la hipocresía de los dichos, que nosotros hemos remarcado cuando se inició un ataque del gobierno hacia la profesión. En este sentido, marcamos el comienzo de esta acción con la sanción de la Ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), donde los discursos iban apuntados contra los letrados y la “industria” llevada a cabo en este sentido”, afirmó el presidente del Colegio Público de Abogados de Capital Federal (CPACF), Jorge Rizzo.

“En ese caso, hemos planteado la inconstitucionalidad de la Ley. Pero en el caso particular que atañe la opinión de la presidenta, hay que decir que la mayor “industria” del juicio previsional la genera la ANSES, porque no le paga a los jubilados la plata que les corresponde”, agregó Rizzo al mismo tiempo.

El titular de la institución que nuclea a los abogados consignó que “entonces, los jubilados no tienen más remedio que consultar a un abogado, quien a su vez verifica si el reclamo es legítimo, es decir, si los haberes están mal liquidados. Que se venga a decir que la culpa de los juicios la tenemos los letrados es desmarcarse de la responsabilidad del Estado. Desde el gobierno se habla de trabajo en negro, cuando es en el Estado donde se realizan una gran parte de los contratos informales”.

“Me da la sensación de que esta campaña que hay contra los abogados lo único que pretende es generar un estado de bronca hacia los nuestros, hacia los colegas, porque es el único bastión que aún no ha caído frente a los atropellos estatales de trabajo no regulado”, expresó Rizzo.

“Los abogados no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir defendiendo los derechos de los trabajadores en todos los frentes, para eso estudiamos, para eso nos preparamos. Con los trabajadores pasivos, como los jubilados, vamos a buscar que se les reconozcan sus derechos”, dijo el presidente del CPACF, y agregó a título personal que “fui un amparista muy conocido cuando De La Rúa (por el ex presidente, Fernando) realizó la quita del 12%, no lo digo por decir o por el contexto, siempre me manifesté por este problema”.

Alicia Andreotti, vicepresidenta segunda de la Asociación de Abogados Previsionalistas (ADAP) afirmó a Diario judicial que "me parece que, una vez más, se constituye un avasallamiento contra los derechos y una carga contra los abogados que estamos llevando a cabo estos procesos. Si nosotros no detectamos los errores de la ANSES hay gente que los deja pasar, es decir, deja de perseguir cosas que le corresponden largamente por Ley".

"Al margen de ponernos al lado de los "fondos buitre", si el Estado le pagara bien a los jubilados no habría ningún juicio. Estamos hablando de gente grande que lo único que quiere es su haber bien pago para poder disfrutarlo, no empezar un juicio que quizás no cobre nunca, como sucede en muchos casos", explicó Andreotto.

Por otro lado, Fernando Levene, secretario del Colegio de Abogados de provincia de Buenos Aires (ColProBA), aclaró en primer lugar que “el “caranchismo” es una práctica desleal de la profesión, y desde los colegios de todo el país la estamos combatiendo con distintas medidas de acción”.

En este respecto, consideró pertinente aclarar que “esta práctica llevada a cabo por los “caranchos” involucra métodos ilegales, y la presidenta denomina con esa adjetivación a los abogados que reclaman por los derechos de los jubilados”.

Por eso, expresó que “estos abogados mal denominados de esa forma lo único que buscan es el ejercicio del derecho de los jubilados que es una parte de la sociedad muy afectada para poder llegar a cobrar haberes dignos. Llevar a cabo esta confusión de conceptos es algo con lo que estamos en profundo desacuerdo”.

Pero una de las opiniones más extendidas y precisas del asunto la brindó Adrián Tróccoli, del estudio Sobral Tróccoli, que se especializa en Derecho Previsional. El letrado enfatizó que “hay que entender que todos en el fuero de la Seguridad Social conocen el precedente “Badaro” de la Corte Suprema. En ese caso, el reclamante se jubiló años antes de la creación de las AFJP, por lo que el reclamo es enteramente realizado al Estado, es inexcusable”.

En esta línea de razonamiento aclaró que “de los seis millones de jubilados que hay en la actualidad, menos de 147.000 rentas son en dólares. Es un porcentaje realmente bajo en relación a la cantidad de personas que forman parte del sistema previsional”.

El abogado también consignó que “no hay una respuesta por los años de aportes para la capitalización. Esto se puede decir sin siquiera abordar a la cuestión teórica, ya que el artículo 14 bis expresa que es el Estado quien debe encargarse de otorgar las previsiones. Es una garantía, uno de los derechos más básicos que tenemos, vivir con el fruto de mi trabajo, de mis aportes”.

“Mi jubilación tiene que responder a mi historia laboral. Si realicé aportes durante más de 40 años, quiere decir que en el medio hubo épocas en las que no existieron ni por asomo las AFJP. Por eso, quien tiene que hacerse cargo es la institución que tenga mi plata, y ahora es la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)”, aclaró Tróccoli.

Entre otras cosas, también señaló que “he realizado una gran cantidad de presentaciones en contra de las AFJP, y todas ellas terminaron siendo respondidas por la ANSES por una cuestión lógica que devino con la transferencia de esos fondos”.

“Personalmente me ofende la caracterización de la presidenta. Los abogados somos parte de este esquema nefasto en el que el Estado paga mal las jubilaciones desde hace años, y aquellos que se quejan ante la Justicia reciben una parte de lo que les corresponde, porque ni siquiera se lleva a cabo una liquidación acorde al reclamo legítimo”, sustanció el abogado.

También habló sobre el cambio desmedido entre los mínimos y los máximos topes jubilatorios, aclarando que está de acuerdo con las subas pero que la equivalencia debe ser tenida en cuenta. Precisó, entre otras cosas, que “el problema es que no sabemos en qué estado se encuentra el sistema previsional. Si está quebrado, haremos un esfuerzo y lo levantaremos entre todos nuevamente, pero nadie dice nada al respecto”.

Tróccoli destacó, de todas formas, que “ciertamente hay abogados que actúan de forma irresponsable en este respecto. Pero no es una norma, considero que los que trabajamos honestamente somos auxiliares de la Justicia. Vivimos de esto, nadie lo niega, pero no es lo mismo defender un “fondo buitre” que un jubilado. Cuando termina un juicio, los clientes no se fijan cuánta plata van a cobrar. Solo están contentos porque su reclamo fue escuchado”.