El diputado nacional y ex ministro kirchnerista de Planificación Federal Julio De Vido fue procesado por supuestas irregularidades en los subsidios a las empresas de colectivos y recibió un embargo de 1.000 millones de pesos. El juez federal Claudio Bonadio también procesó a los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y a los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transportes (CNRT) Alejandro Ramos, Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro. Para ellos, el magistrado también mandó a trabar distintos embargos, de hasta 900 millones de pesos. La maniobra, según el fallo, incurrió en los supuestos delitos de "defraudación contra la administración pública" y "administración fraudulenta". Y "ocasionó perjuicio a las arcas del Estado Nacional de aproximadamente seiscientos nueve millones trescientos veintiséis mil ciento ochenta y seis pesos, con veinticinco centavos ($ 609.326.186,25)". Los procesados "pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo, un sistema destinado a permitir la maniobra, encubrirla, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados". Bonadio estableció que "este sistema posibilitaba que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, consecuentemente, se terminaran entregando subsidios superiores a los correspondientes".