El Corte bonaerense emitió una resolución donde le pidió a los ministros provinciales de Seguridad, Cristian Ritondo, y de Justicia, Gustavo Ferrari que, en un plazo de 15 días, informen sobre las "políticas, acciones y los recursos" que se destinaron para superar las “graves deficiencias” en las que se encuentran los presos.
Alertados por la grave situación que atraviesan las personas detenidas en las unidades de la provincia, los miembros de la Corte Suprema de Justicia emitieron una resolución donde le solicitaron, de manera urgente, al Poder Ejecutivo que informe sobre las políticas, acciones y los recursos que se destinaron para superar las “graves deficiencias” que se registran en el ámbito carcelario.
Según las estadísticas, en la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 40 mil personas detenidas y, según denunciaron los organismos de DDHH, el nivel de sobrepoblación llega al 100% si se toman los presos alojados en comisarías. Eso se traduce en una superpoblación de 10 mil presos en relación a la capacidad que tienen los penales.
La problemática llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y obligó al Máximo Tribunal a tomar cartas en el asunto. De esa manera, el cuerpo de magistrados presidido por Hilda Kogan le solicitó a los ministros de Seguridad, Cristian Ritondo y de Justicia, Gustavo Ferrari la "información y documentación concerniente a los programas concretos de trabajo sobre dicha materia, de acuerdo a compromisos asumidos por ambos funcionarios en el marco de una audiencia efectuada en el Tribunal a la que fueron convocados, el pasado 16 de marzo”.
Los miembros de la Corte recordaron que durante la audiencia, Ferrari resaltó su compromiso para elaborar un Plan Integral, “no sólo relativo a las condiciones de habitabilidad y la mejora y ampliación de los lugares de detención, sino también sobre la situación laboral, educativa, alimentaria, de salud y de convivencia de las personas detenidas”.
En la misma línea, Ritondo presentó un plan de remodelación de comisarías y calabozos, pero el Ministerio de Justicia “no ha presentado a esta Corte el anunciado plan, ni informado sobre el estado de los proyectos y programas que deberían integrarlo, conforme lo manifestado en la mencionada audiencia”.
En la resolución, los jueces destacaron que la Provincia tiene 3.010 detenidos en 432 comisarías, pero sólo 1.039 de esos presos tienen camas, según denunciaron la Comisión Interamericana, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría Pública del Tribunal de Casación Penal.
Además del hacinamiento, afectan al sistema penitenciario bonaerense problemas como la sobrepoblación, las condiciones inhumanas, la falta de acceso a la salud y los malos tratos y torturas.