La Sala VI de la Cámara del Trabajo dictó una medida cautelar ordenando a PepsiCo a cumplir con el deber de ocupación de diez trabajadores. Es por no haber cumplido adecuadamente con el Procedimiento Preventivo de Crisis. “Toda persona tiene el derecho a trabajar para poder vivir con dignidad”, resalta el fallo.
En el medio de la escalada del conflicto por el cierre de la planta de Pepsico en Florida, Vicente López, la Cámara del Trabajo dictó una medida cautelar que obliga a la empresa “a cumplir con el deber de ocupación” de diez trabajadores, que buscaban que se deje sin efecto las medidas de suspensión y preaviso dispuestas por la empresa con posterioridad a la promoción del Procedimiento Preventivo de Crisis ante el Ministerio de Trabajo.
El fallo, correspondiente a los autos “Gomez, Leandro Javier y otros c/ Pepsico de Argentina S.R.L. s/ Medida cautelar, fue dictado por la Sala VI del Tribunal, integrada en esta oportunidad por los camaristas Luis Raffaghelli y Néstor Rodriguez Brunengo, quienes revocaron el fallo de Primera Instancia que rechazó el pedido de medida de no innovar” en la relación jurídica existente al 19 de junio de 2017”, fecha en la que la fábrica cerró sus puertas.
En su presentación, los trabajadores denunciaron que se trató de un “lock out ofensivo” que implicó la extinción de contratos de trabajos de todo el personal “en virtud del cese de actividades dispuesto para la Planta Florida conforme causas, alcances y circunstancias informadas por la Empresa ante el Ministerio de Trabajo de la Nación”. Ello, “conforme expresa la comunicación cursada a los actores, dando cuenta asimismo del inicio del procedimiento preventivo de crisis”.
Según surge del expediente, los amparistas hicieron una presentación ante el Ministerio de Trabajo denunciando el cierre de la planta y las suspensiones colectivas, el mismo día hizo lo propio el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación Filial Buenos Aires. Tal como expone el fallo de Primera Instancia los trabajadores reconocieron que se realizaron audiencias aunque “nunca se dio tratamiento a la denuncia formulada por los integrantes de la comisión interna”, y que en la tercera de ellas el sindicato aceptó el ofrecimiento empresario “de no reabrir la fábrica y pagar el 200% de la indemnización a los trabajadores que individualmente suscriban acuerdos de desvinculación”.
La jueza Beatriz Ferdman, tras considerar que en el caso “se evidencia un cierre de un establecimiento que responde a un criterio empresarial” concluyó que el caso “excede los supuestos contemplados” para los Procedimeitnos Preventivos de Crisis y rechazó la cautelar.
Por el contrario, la Sala VI entendió que los trabajadores accionantes “tienen derecho en éstas condiciones, a mantener su relación de trabajo” y que PepsiCo incumplió con lo dispuesto en la Ley que regula el procedimiento especial, que la obliga “como mínimo”, a “explicitar las medidas que la empresa propone para superar la crisis o atenuar sus efectos”.
“Toda persona tiene el derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. El derecho al trabajo sirve, al mismo tiempo, a la supervivencia del individuo y de su familia y contribuye también, en tanto que el trabajo es libremente escogido o aceptado, a su plena realización y a su reconocimiento en el seno de la comunidad”, expresaron los camaristas Raffaghelli y Rodriguez Brunengo
La fábrica tiene sede en la calle Julio A. Roca 4735 de Florida, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires. El 21 de junio de 2017 se les prohibió a los trabajadores el ingreso al establecimiento laboral, y en las puertas cerradas un cartel explicaba que “ante el cese de actividades y la relocalización de su producción y mientras se diera cumplimiento a las instancias legales”, los empleados estaban “transitoriamente liberados de prestar servicios con goce de salarios”. Ante esa circunstancia los obreros de PepsiCo tomaron la fábrica y fueron desalojados tras ser reprimidos.