Jaime Arellano es abogado y Director Ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo dedicado a crear planes de reforma de la justicia en América Latina. El reconocido letrado dialogó en exclusiva con Diario Judicial y destacó la necesidad del paso de los jueces por la escuela judicial. También sobre los cambios más importantes en materia civil y penal de la región.
Ex viceministro de Justicia de Chile y docente universitario habló en exclusiva con Diario Judicial sobre la necesidad de una nueva formación a los miembros de la justicia, el cambio de paradigma que está sufriendo América Latina y como afecta la tecnología a las reformas judiciales.
Hoy en Argentina se está discutiendo mucho sobre el rol de la escuela judicial, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde el Ministerio de Justicia propuso que los jueces nombrados pasen por una capacitación obligatoria antes de asumir el cargo. ¿Qué opina?
Estoy de acuerdo. Cuando salimos de la facultad de Derecho, con suerte salimos capacitados para ser abogados pero nadie nos entrena para ser jueces, ni para ser fiscales ni defensores y hay habilidades que son necesarias aprender. El paso por la escuela judicial marca la diferencia. Los jueces hoy en día tienen que saber manejar audiencias orales, que no es lo mismo que darle la palabra a uno u otro... Es generar contradicciones, buscar pruebas a partir de la contradicción entre las partes, saber tomar decisiones inmediatas, ya no son los mismos tiempos del sistema escrito. Me parece lo más razonable del mundo pasar por un período de capacitación y aprobarlo. Por supuesto que la decisión le corresponde a cada país. Hoy la Justicia necesita una mirada interdisciplinaria. Dicen que el médico que no se capacita todos los días se convierte en un asesino y yo creo que el abogado o el juez que no se capacita permanentemente se convierten en un verdugo.
¿Cuáles piensa que son los cambios más significativos que sufrió América Latina en materia civil en los últimos años?
Hubo un cambio fundamental a partir de la influencia del Código Modelo Iberoamericano que promovió las primeras reformas civiles. Por otro lado, en materia penal, estamos moviéndonos desde sistemas escritos, burocráticos, lentos, muy lineales hacia modelos que buscan diseñar soluciones al tipo de conflictos. Con eso se busca poder resolver los conflictos de la manera más adecuada posible, en el menor tiempo posible. Eso significa que no todos los litigios se resuelven bien por la vía judicial, se están diseñando mecanismos para que los conflictos que no sean necesarios no lleguen a Tribunales, que ya no dan abasto. Se buscan sistemas más amistosos. Lo que ha ido pasado en Latinoamérica también, bastante más tímido que en Europa o el Hemisferio Norte, es que se fue incorporando la tecnología de la información como una plataforma para sostener los procesos judiciales, con la misma lógica antigua pero sin papel y en un sistema digital. Avanzar con la tecnología significa, por ejemplo, tener interactividad online, donde no es necesario tener a las personas involucradas sentadas frente al juez para resolver un conflicto.
Podemos decir entonces que la Justicia está viviendo una modernización casi obligada por la tecnología…
Uno por la tecnología, sin dudas, porque estamos teniendo que incorporarla. Antes la reforma tuvo que ver con la vuelta a la democracia, después de las dictaduras militares, donde lo primero fue el sistema de justicia penal porque el Poder Judicial de América Latina había fallado miserablemente en proteger los derechos de los ciudadanos, los Derechos Humanos fueron vulnerados sistemáticamente por los Estados y el Poder Judicial en vez de ser un escudo protector se inclinó al poder político, salvo excepciones de jueces y juezas muy valientes. A partir de eso, vino una arremetida muy fuerte respecto a la justicia penal. Después vino el cuestionamiento a la justicia más cotidiana porque la justicia penal no es la que conoce al ciudadano que en su día a día tiene problemas de consumo, con los servicios, con el trabajo, con el alquiler. En eso está América Latina en este momento, buscando mejoras a la justicia civil. Además, como dices tú, aprovechando, yo diría tímidamente, las oportunidades que nos da la tecnología para mejorar los canales de entrega de servicios para facilitar la solución de conflictos.
Podemos nombrar grandes logros en América Latina como la despenalización del aborto en Uruguay, para ciertos causales en Argentina y Chile, la despenalización de la marihuana para consumo personal o con fines medicinales. Sin embargo, a veces, acceder a esos derechos significa pasar por una odisea burocrática, ¿Cuál es el punto de desfasaje?
Es como dices. Lo que nos pasa en América Latina es que tenemos una conducta muy legalista, pensamos que si cambiamos las normas también cambiamos la ley y eso no es cierto. Los abogados tendemos a pensar eso y lo que ya sabemos, desde una visión de política pública, es que detrás de toda norma sustantiva tiene que venir un aparato que permita el conocimiento del derecho por parte de la ciudadanía. Segundo: información sobre ese derecho, en que consiste, de que se trata, como me beneficia, como lo ejerzo y, finalmente, canales de entrega de servicios que permitan el acceso. Eso es lo que falla en la región, se señala la garantía, se declara el derecho pero no hay, efectivamente, un acceso a la justicia. Y con eso nos referimos a la falta de información, la falta de accesoria jurídica o el canal que permita que el derecho se materialice. Estos avances que le nombré como ejemplo, ¿significan una visión más democrática de la justicia que empieza a dejar atrás a sectores influyentes como el religioso o las elites políticas y que se acerca más a los problemas reales de la ciudadanía? Eso parte sin dudas de la legislación, de los parlamentos, que empiezan a entender que más allá, incluso de las convicciones personales, hay necesidades en la ciudadanía. En el congreso se produce el primer debate y luego viene, un poco más atrasado, el plasmamiento en las leyes.
En materia Penal, se aprobó hace poco el límite a las excarcelaciones para ciertos delitos y está en discusión, muy criticado por cierto, la baja de imputabilidad de los menores, ¿está de acuerdo?
En el tema del límites a las excarcelaciones hay un primer y grave error, que es la mirada tremendamente anticuada, desde una perspectiva inquisitiva porque cuando hablas de excarcelación estas partiendo de la base que la regla general es la prisión y la excepción es la libertad. Todos los sistemas que han avanzado en América Latina entienden que se invierte la regla, la regla es la libertad. En cuanto a la baja de imputabilidad de menores yo entiendo que es razonable tener una responsabilidad penal pero en carácter de adolescente, eso significa que el tratamiento es distinto al de un adulto, el tipo de pena debe ser distinta, el encierro como última medida y todas las medidas deben ser orientadas a la interrupción temprana de una carrera delictual y la reinserción social inmediata. La presunción de inocencia debe ser más fuerte, la garantía de un derecho a defensa tiene que estar ahí. No puedo someter a un menor a un proceso penal si no existe una defensa penal juvenil que lo ampare. De lo contrario, es grave.
¿No le parece que es una respuesta punitiva cuando debería ser educativa?
Absolutamente. Está comprobado que cuando se trabaja de manera resocializadora con los chicos la sociedad está invierto. Cuando se da una respuesta punitiva lo único que se hace es gastar porque no recuperas nada. Estigmatizas a ese chico, lo empiezas a llamar delincuente y generas una idea de temor de esta persona. Lo encarcelas y cuando sale está etiquetado como delincuente profesional, sin interés de reinserción. La mano dura no es la respuesta.