El juez federal Oscar Hergott presentó su renuncia en el marco de un proceso en su contra en el Consejo de la Magistratura de la Nación por presunto "mal desempeño" de sus funciones. Para hacerse efectiva, ahora la dimisión debe ser aceptada por el presidente Mauricio Macri.
El juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5, Oscar Hergott, presentó su renuncia a horas de que la Comisión de Disciplina y Acusación tratara un dictamen acusatorio en su contra.
El magistrado formalizó su renuncia ante el Ministerio de Justicia de la Nación para acogerse a la jubilación. La dimisión es a partir del 30 de septiembre y ahora sólo resta que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, la acepte.
Hergott estaba a un paso del juicio político, ya que la Comisión de Disciplina iba a tratar este jueves el dictamen que proponía la apertura del procedimiento de remoción y suspensión. El mismo fue elaborado por el representante del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques, quien instruyó dos denuncias impulsadas por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), y por los propios colegas del TOF, Adriana Palliotti y Daniel Obligado.
En la presentación, el gremio judicial advirtió sobre la "grave situación de hostigamiento y maltrato laboral" al que se encontraría sometido el personal de dicha dependencia y denunció la “utilización de apodos, descalificativos y comentarios desubicados a la vestimenta o aspecto de las empleadas”. Por su parte, la jueza Palliotti denunció supuestas “situaciones de violencia de género”.
A principios de agosto, la Comisión de Disciplina citó a Hergott a comparecer en los términos del artículo 20 del Reglamento. Sin embargo, el juez no asistió personalmente y presentó su descargo por escrito.
Hergott rechazó todas las acusaciones en su contra y afirmó que la acusación “se basó en funcionarios que fueron sancionados legalmente por irregularidades administrativas” por presuntamente “cajonear” causas por corrupción. Además señaló: “Ninguna prueba documental, informativa y de testigos dirimentes fue aceptada y producida en grave violación al principio básico de defensa”.
El dictamen se centró en cinco imputaciones: desórdenes de conducta relacionados con acoso laboral o mobbing, acoso sexual, irregularidades en los sumarios y sanciones, desconocimiento sobre funcionamiento del funcionamiento del tribunal colegiado y disfuncionalidad en la labor.
El consejero acusó al magistrado por supuestos “actos que atentan contra la dignidad del trabajador”, y le atribuyó presuntas situaciones de acoso sexual y comentarios subidos de tono, incluso a su propia colega. Además determinó que todas estas situaciones habrían "afectado" la labor diaria del tribunal y en el servicio de justicia.