De ese modo, el magistrado chileno comenzó los procesos en contra del general retirado Enrique Ruiz Bungue y el coronel Juan Saavedra Loyola, también retirado, a quienes les imputa el secuestro y muerte de cuatro miembros del Partido Comunista y el secuestro de otros cuatro, que lograron sobrevivir.
El hecho de que Bungue enfrente en la justicia no es nuevo ya que está procesado y con arresto domiciliario en otro caso de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en cambio Saavedra Loyola cumple su detención en una base aérea.
Según especialistas, estos dos casos ponen en un nuevo aprieto a la Fuerza Aérea por el hecho de ocultar información sobre desaparecidos políticos a un grupo cívico-militar dirigido a averiguar sus paraderos.
Carrozas es uno de los siete jueces especiales nombrados por la Corte Suprema para investigar la lista de 200 desaparecidos políticos entregada por las fuerzas armadas a la "mesa de diálogo", la instancia cívico-militar que funcionó durante el 2001.