La Sala II de la Cámara Federal porteña hizo lugar a una queja por apelación denegada deducida por el fiscal federal Carlos Stornelli, quien cuestionó la decisión del juez Luis Rodriguez de no hacer lugar al pedido de citar a declaración indagatoria a los imputados por supuestos desvíos de fondos en las obras del yacimiento Rio Turbio. Con los votos de los jueces Martin Irurzun y Leopoldo Bruglio - Eduardo Farah votó en disidencia- el tribunal advirtió que en las investigaciones que se llevan adelante "por actos de corrupción complejos que provocan daños de una magnitud considerable y cuya modalidad comisiva se replica en diversos procesos donde los protagonistas se repiten, existen particularidades que deben ser necesariamente atendidas". En ese marcó, el voto de Irurzun remarcó que en este escenario "formado por conductas que involucrarían serias irregularidades n el manejo de los fondos públicos por parte de funcionarios de distintas áreas del Estado y que, se presume, han tenido un desarrollo temporal extenso -lo que implica, a su vez, que se ha contado con las complicidades necesarias para garantizar su sostenido éxito-, la evaluación de los riesgos no puede ceñirse al arraigo o al modo en que se comportan formalmente los involucrados dentro del proceso penal para desechar de allí y sin más la posibilidad de fuga o el entorpecimiento de la pesquisa".