MALESTAR. Es el que tienen encumbrados jueces con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Con la filosofía popular de que una mano lava la otra y las dos lavan la cara, los abogados habían pedido a los magistrados ayuda a la hora de cobrar el bono de derecho fijo, recurso que va, como todos saben, a las arcas del Colegio. Con celeridad envidiable, la AMyFJN transmitió a sus miembros la inquietud, instándolos a controlar en todos los expedientes judiciales el cumplimiento de la contribución colegiada. Pero cuando vino la revancha, esta vez en el terreno de los abogados, la respuesta se consideró tibia y falta de compromiso. Sucede que los jueces pidieron esta vez el apoyo de los letrados a la hora de defender, ante el Parlamento, el régimen jubilatorio que los ampara. Los abogados encabezados por Germano, todavía lo “están pensando”, ya que en privado consideran justo el reclamo, pero temen ser blanco de los medios de comunicación, muchas veces acostumbrados a ver la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el ojo propio. La nota la dieron los del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, que rápidamente pusieron el hombro en esta cruzada esclarecedora de los magistrados, como tiene que ser. Quienes además apoyarán con ganas y argumentos de peso a los jueces serán prestigiosos constitucionalistas como Daniel Sabsay y Nestor Sagüés, entre otros.
CUPO FEMENINO. Es el que llamativamente no respetan las listas de abogados que se presentarán en las próximas elecciones para representar a los letrados de todo el país en el Consejo de la Magistratura. Créase o no, quienes más de una vez pretendieron erigirse como garantía de juridicidad de leyes y decretos -sobre todo en los últimos meses, en donde se ha producido un zafarrancho con la seguridad jurídica-, omitieron convocar a representantes del mal llamado sexo débil para integrar sus listas, menospreciando ostensiblemente el artículo 43 de la Constitución Nacional. “La discriminación de hecho es evidente”, expresaba, a quien quisiera escucharla la abogada Marta Paz, autora del amparo que intenta salvaguardar la participación proporcional de las colegiadas en la representación ante el Consejo y al que sólo una resolución de la Cámara Electoral podría darle aire para suspender los comicios del próximo martes –cuestión bastante improbable-. Parece mentira, los jueces, en su reciente elección, han respetado a rajatabla la letra constitucional en este sentido, mientras sus actuales e implacables fiscales, los abogados, terminan siendo autores y protagonistas de tamaña “desprolijidad”. Y menos mal que se trata de “hombres de derecho”, que si no...
CASTIGADO. Parece que la Corte Suprema no distingue roles. Así parece haber quedado demostrado cuando recientemente sancionó al camarista Héctor Mario Magariños, de reconocida trayectoria, con una multa equivalente al 30 % de su remuneración por haber emitido un dictamen técnico en el caso “Fernández Prieto” en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El dictamen de la discordia le fue solicitado por su bien ganada fama académica y conocimiento del tema en cuestión. Se reumorea que a la Corte le cayó mal el dictamen porque castigaba duramente a la jurisprudencia sentada desde ese Alto Tribunal. Magariños no deja de recibir palos; en el concurso para cubrir una vacante en la Cámara Federal en el que había tenido una performance de alto nivel, fue elegido el juez Cavallo, y ahora, una multa con tirón de orejas. Quizá le sirva de consuelo el apoyo que está recibiendo de sus colegas de la facultad, que con espíritu movilizador están juntando firmas para brindarle un espaldarazo en una cruzada que, por ahora, tiene un destino incierto.