El funcionario, que realizó esas declaraciones en el marco de las deliberaciones que hizo la Defensoría General de la Nación en la ciudad de La Plata, agregó que desde el punto de vista de la legalidad “no se puede hablar de una asistencia pública oficial privada”, como tampoco se lo puede hacer de un Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial pago.
Asimismo, opinó que no se debe hablar de la posibilidad de privatizar la defensa oficial, a través de un “régimen de licitación” para la atención de los intereses de los imputados de un delito y reflexionó que ese el derecho que imponen los organismos internacionales cuando señalan “el derecho irrenunciable que tiene todo habitante para ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado”.
Las jornadas que contaron con la presencia de los defensores de todo el país y de varias autoridades del poder judicial de la provincia de Buenos Aires tuvieron como objetivo básico promover un espacio de comunicación e intercambio de ideas entre los miembros de la asistencia pública.
El lema con el cual se convocó a todos los asistentes a la jornadas fue que “la situación del sistema de justicia en nuestro país reclama una defensa pública fuerte y eficaz, comprometida con el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho, para que los mismos se conviertan en una realidad cotidiana que contribuya a profundizar la democracia”.