Si bien el magistrado no fijó fecha para ambas indagatorias por cuestiones formales, estableció que existe estado de sospecha suficiente como para convocarlos.
El juez Urso también citó a indagatoria a directivos de las empresas que obtuvieron la adjudicación de las obras, Techint y Dichaza, entre ellos, al presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y Vicepresidente de Techint Eduardo Baglieto y al empresario José Andrés Russo.
Fuentes judiciales confirmaron que los pedidos de indagatoria alcanzan además a Julio Aparicio, Eduardo Arturo Martínez, Darío Edgardo Miguel, Carlos Rubén Verón, Manuel José Cleiman, Domingo Danna, Arnaldo Bruno Franccinetti, Daniel Sanmartino, Gianfranco Rizzo, todos ellos pertenecientes, tal como lo reconocieron los voceros, a las empresas mencionadas.
En los fundamentos de su resolución, el juez Urso tuvo en cuenta “las constancias incorporadas a lo largo del presente sumario, en especial el informe labrado por la Universidad Tecnológica Nacional, las declaraciones testimoniales colectadas en autos del personal del Servicio Penitenciario Federal y de los Funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación”.
También se tuvieron en cuenta los testimonios de “los representantes de las firmas que, habiendo participado del proceso de selección 1/97 de dicho organismo, aparecen desplazadas(...)”, así como también informes de la Comisión para el Estudio y Análisis de los Planes de Construcción Carcelarios que se conformó cuando la titularidad del Ministerio de Justicia era ocupada por Ricardo Gil Lavedra.
En la causa que tramita el juez Jorge Urso, se investiga el presunto pago de sobreprecios en la construcción de dos centros penitenciarios, en base a una denuncia de la ex secretaria de Política Criminal Patricia Bullrich.
Según la denuncia de Bullrich, el gobierno de Menem terminó pagando 4.312 pesos por metro cuadrado por la cárcel de Ezeiza y 2.930 pesos por la de Marcos Paz, cuando la media internacional es de 1.200 pesos por metro cuadrado.