El TSJ de Córdoba decidió dotar a las Defensorias Oficiales de hardware y software para que puedan realizar videollamadas con los defendidos que se encuentren detenidos.
En virtud de los “excelentes resultados que otorga el uso, no solo de la Videoconferencia, sino también la Videollamada”, como vías de conexión directa entre Asesores Letrados y sus asistidos, El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba decidió seguir con esa política y, gracias al pedido de una funcionaria, dispuso que se dote de la infraestructura necesaria para que otras sedes cuenten con el sistema de videollamada.
La Resolución 1451 Serie “A”, suscripta por los vocales Aida Tarditti, Luis Rubio, Maria Martha Cáceres de Bollati y Sebastián López Peña, resuelve favorablemente el pedido de la defensora
María Natalia Salomon, Asesora Letrada de la Sede Judicial de la ciudad de Deán Funes, Novena Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba, y dispone “la implementación y puesta en funcionamiento en los equipos informáticos de esa Asesoría Letrada, de los programas y hardware necesarios a fin de contar con el sistema de comunicación por intermedio del Sistema de Videollamada”.
En sus considerandos, el TSJ destaca que adopta el temperamento teniendo en cuenta principalmente la “enorme importancia que han adquirido los distintos canales alternativos de comunicación existentes y utilizados en la actualidad por parte de la Oficina de Coordinación de la Secretaría Penal del Tribunal Superior de Justicia”. Los magistrados reconocieron que esta modalidad le permite, a los distintos Funcionarios Judiciales, mantener “un contacto fluido” con las personas privadas de su libertad.
Según datos que maneja el Poder Judicial de Córdoba, entre febrero y agosto de este año se realizaron 899 videoconferencias y 1078 videollamadas, entre defensorías, fiscalías y juzgados con los establecimientos penitenciaros cordobeses, un número mucho mayor que las 792 videoconferencias y 124 videollamadas realizadas en 2016. Esto se debe a que el sistema de videoconferencia ha tenido una favorable recepción por parte de los funcionarios judiciales.
“Ha quedado demostrado los amplios beneficios obtenidos de dichas comunicaciones, lográndose con ello una rápida, fluida y confiable comunicación entre los participantes, pudiendo éstos, entre otras cosas, informar en tiempo real a sus defendidos de las distintas situaciones procesales existentes en las causas”, señala el texto de la resolución, que también pone foco en otro punto destacable, como es que su extensión en otras dependencias judiciales “reducirá significativamente la cantidad de traslados y movimientos diarios que se efectúan desde las Unidades Carcelarias hasta los tribunales, disminuyendo los costos que esto implica”.
Como se prevén futuros pedidos de la misma índole, el TSJ determinó también que los mismos se deberán canalizar por ante la Secretaría General del Alto Cuerpo, y aclaró que la ejecución realizará en forma “gradual, paulatina y organizada conforme a indicaciones impartidas por dicha Secretaría General.”