En una maratónica sesión, el Senado aprobó los proyectos fiscales acordados entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores provinciales. De esta manera, se frena el avance de la causa por los fondos del conubarno en la Corte Suprema de la Nación.
En una sesión que duró hasta entrada la madrugada, la Cámara Alta del Congreso aprobó el proyecto de Consenso Fiscal y de la ley de Responsabilidad Fiscal, acordados entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores de las provincias, y fue enviada a Diputados para su sanción definitiva.
El Pacto Fiscal, firmado en la Casa Rosada la semana pasada, trajo la solución al problema del Fondo del Conurbano y su objetivo es reducir la presión tributaria en un lapso de cinco años y adhirieron 23 de los 24 gobernadores de todo el país.
Dentro del Consenso Fiscal propuesto por el Ejecutivo, se encuentra la ley de Responsabilidad Fiscal que busca "poner un límite al crecimiento del gasto en las provincias, diferenciando entre las que tienen superávit y aquellas que tienen déficit". Se estima que el año que viene la provincia de Buenos Aires ganará $ 24.578 millones y el resto, $ 7500 millones.
En esa línea, Buenos Aires, que recibirá 40 mil millones de pesos en 2018 y 65 mil millones en 2019, se comprometió a retirar su demanda y el resto de las provincias mantendrán su gasto constante en términos reales durante los próximos años.
Además, todas las provincias, menos San Luis que no firmó, acordaron desistir de las demandas, lo que implica una suma de 340 mil millones de pesos para las provincias y 400 mil millones de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano.
Federico Pinedo, presidente provisional del Senado, expresó que se trata de “un acuerdo absolutamente histórico porque podría llegar a terminar con el drama de ver cómo Argentina, con sus extraordinarias condiciones, se destruye regularmente por crisis generadas siempre por el mismo motivo, que es que los gobiernos gastan más de lo que tienen, hasta que revientan y lo pagan los más pobres”.
Asimismo, el legislador insistió en que se trata de un "ajuste" sino que "establecen bases sanas que garantizan que la Argentina no va a explotar”.
Por otra parte, la representante de San Luís, Liliana Negre sostuvo que se trata de un pacto "unitario" y cuestionó el respeto a las autonomías provinciales al tener que renunciar a los juicios millonarios contra la Nación.