El fiscal Álvaro Garganta ordenó varios allanamientos tras detectar que Scioli vendió un predio por USD 3,8 millones a una firma proveedora de la Provincia de Buenos Aires mientras fue gobernador. El origen fue un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que alertó por una posible maniobra de lavado de activos con una operación inmobiliaria. Los procedimientos, en busca de contratos y documentación contable, fueron realizados con efectivos de la Policía Bonaerense en Capanone SA y en Estudio Mercado y Asociados, Miller Building International SA y Multiespacios La Posada SA.