Se trata de Sebastián Romero, dirigente social que que fue filmado aparentemente “disparando” una suerte de “arma de fabricación casera” en el marco de los hechos de violencia sucedidos en las inmediaciones del Congreso Nacional cuando se estaba debatiendo la reforma previsional. La Sala II de la Cámara, con votos de los jueces Martin Irurzun y Eduardo Farah, firmantes del fallo, confirmaron el rechazo del pedido de exención de prisión, argumentando que "más allá de las calificaciones legales que eventualmente se escojan, lo concreto es que en la instrucción se trabaja bajo la hipótesis de un actuar organizado, llevado adelante por un grupo de personas que, entre otras cosas, habrían producido daños de entidad, lesiones graves y leves a funcionarios públicos y generado intimidación a través de vías especialmente agresivas, con el fin de perturbar el normal ejercicio de las facultades del Congreso de la Nación" y que "desde un primer momento, Romero fue indicado como alguien que cumplió un papel central y particularmente violento en la ejecución de ese supuesto plan. El asunto tuvo importante difusión pública, pero aún se desconoce su paradero".