“La Cámara no denunció al juez Urso, sólo pidió que se investigue”, explicaron los camaristas a periodistas acreditados en el Palacio de los Tribunales Federales, en torno a una presentación realizada la semana pasada, pero que trascendió recién hoy.
El escrito que la Sala I elevó para su investigación, que Diariojudicial.com publica completo, indica que el abogado Ariel Garrido, del estudio Moreno Ocampo & Asociados, se presentó en la Cámara para manifestar la “preocupación” por los dichos de un cliente suyo, Miguel Ángel Acerboni, uno de los detenidos por las naftas adulteradas. Según Garrido, su cliente le informó que otro abogado, Víctor Stinfale, el mediático defensor de Carlos Telleldín en el juicio por la AMIA, “le habría solicitado a sus defendidos” en la misma causa “diez mil pesos para el secretario de la causa, Dr. Aguirre”.
Siempre según la versión del detenido, tomada de los presuntos dichos de Stinfale, “el juez de la causa (Urso) se habría dado cuenta” del supuesto arreglo “y habría solicitado más dinero”, que llegaría a los 50.000 pesos.
También supuestamente se comentaba entre los detenidos del caso que Stinfale les había prometido que, de no lograr la excarcelación en primera instancia, lo lograrían en la Cámara Federal, precisamente en la Sala I, donde Stinfale “tendría buenos contactos”.
Después, el escrito deriva hacia lo que parece ser más una investigación hacia Stinfale que dirigida a Urso y su secretario. El mismo Garrido dice haberle recordado a Stinfale que uno de los integrantes de la Sala I es Cavallo, que lo había procesado en el caso de la viuda del narcotraficante colombiano Escobar Gaviria, a lo que Stinfale respondió que “en la justicia federal todo se arregla con plata”.
Después, queda todavía más claro el direccionamiento hacia Stinfale, cuando los camaristas indican que el presunto delito denunciado por Garrido que se debe investigar es el contemplado en el artículo 173, inciso 10° del Código Penal.
Este artículo, que prevé una pena de un mes a seis años de prisión por cualquier tipo de defraudación, estipula además en el inciso 10° que se considera “un caso especial” el de aquel que “defraudare, con pretexto de supuesta remuneración a los jueces u otros empleados públicos”.
El juez que investiga la denuncia es Claudio Bonadío, quien hoy muy temprano le tomó declaración a Garrido, el que ratificó sus dichos ante la Cámara.
Por otro lado, se supo que en fuentes del estudio que dirige Stinfale se desmintió la versión del presunto contubernio con los encargados de la investigación de las naftas adulteradas. Un caso donde se espera, precisamente, una resolución de la Sala I de la Cámara Federal en torno a las excarcelaciones pedidas por las defensas.
En tanto, desde el Consejo de la Magistratura los consejeros Eduardo Orio, Mario Gersenobitz y Humberto Quiroga Lavié pidieron la intervención de la Comisión de Acusación para que se investigue la conducta del juez Urso, en función de la información de Página 12.