La medida alcanzó al Jefe de la División Veteranos de Guerra, Luis Eduardo López y el encargado de la misma repartición, Juan Carlos Castro; además de dos veteranos de Malvinas: Pedro Aranda y Tomás Adolfo Torres.
En la causa se investigaron 10 casos irregulares de ex combatientes que cobraron un subsidio extraordinario dispuesto por la ley 22.674, que preveía pagos de 12.500 pesos a veteranos con incapacidades producto de la guerra de 1982.
En estos casos, indicaron las fuentes, los ex combatientes que accedían al beneficio no acreditaban las discapacidades contempladas en la ley, y por varios testimonios se estableció que, en alguno casos, Castro y López se quedaban con parte del dinero.
En su resolución, la Sala I le ordenó al juez Ballestero que amplíe la instrucción para determinar qué pasó con los ex combatientes que sí debían acceder al beneficio y no lo cobraron, ya que sus exámenes médicos se habrían utilizado como justificativo para pedir las partidas presupuestarias.