La justicia de Chubut hizo lugar al pedido de los gremios provinciales y ordenó suspender el censo online de empleados públicos impulsado por el gobierno provincial. También, advirtió al Ejecutivo que se abstenga de aplicar sanciones.
En los autos “ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL CHUBUT (ATECH) Y OTROS C/ PROVINCIA DEL CHUBUT s/ Acción de amparo", el Juzgado laboral N° 2 de Trelew hizo lugar al pedido de los gremios provinciales y ordenó suspender el censo online de empleados públicos impulsado por el gobierno provincial.
Paulo Konig, titular del Juzgado, hizo lugar a la medida de amparo solicitada por los gremios que solicitaron que se declare la inconstitucionalidad e ilegalidad del decreto provincial que impulsaba el censo de empleados públicos la provincia de manera online.
En el fallo, el juez expresó que “del simple análisis del Decreto se vislumbran visos de inconstitucionalidad, dado que, en primer lugar, el Poder Ejecutivo no tendría facultades para estipular, a través de un decreto, en forma genérica y para el caso de que no se cumpla lo allí dispuesto, consecuencias que van desde la falta de pago de haberes hasta la baja de empleados, creando causales que no estarían previstas por ley, arrogándose así potestades legislativas que en principio estarían vedadas por la Constitución Provincial”.
El magistrado agregó que “las sanciones previstas en el Decreto resultarían además de desproporcionadas, ilegitimas, pues de aplicarse en forma automática tal como se encuentran previstas, estaría en juego la violación del derecho fundamental de defensa del empleado que, por cualquier circunstancia, no cumpliera con realizar el censo”.
En ese sentido, Konig resaltó que que debido al carácter obligatorio del censo, en caso que el empleado no complete el formulario o ingrese datos falaces no se liquidará el haber mensual del mes marzo de 2018 sin excepción, sólo librándose el pago en caso de justificación fundada,
Asimismo, según planteó el Gobierno, por no cumplir con el censo se podrá dar de baja a los agentes que no tengan estabilidad por sus cargos y/o plantas del Estado a las que pertenecen.
Por todo lo expuesto, el juez resolvió suspender la medida y ordenó al Estado que se abstenga de aplicar sanciones.