La Cámara Federal declaró la competencia del fuero para investigar supuestas amenazas vertidas contra el ex embajador argentino en Siria, Roberto Ahuad. En la causa se había solicitado una consigna policial debido a que el periodista Ari Paluch dijo en su programa: “guarda que Ahuad no sea el segundo Nisman”.
La Sala I de la Cámara Federal porteña revocó una resolución del juez Marcelo Martinez de Giorgi que declaró incompetente al fuero federal en favor de la Justicia de instrucción,en una causa sobre supuestas amenazas 2.0 al ex embajador argentino en Siria, Roberto Ahuad.
El Tribunal, con votos de los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballesteros, hizo lugar al recurso del fiscal Carlos Stornelli y ordenó que siga interviniendo el Juzgado de Martínez de Giorgi.
La causa se inició luego de que Ahuad, embajador durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, declarara en el marco del expediente iniciado con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, en el que se investiga un presunto encubrimiento de los ciudadanos iraníes imputados como responsables del atentado a la AMIA.
Según refleja la resolución, a la que tuvo acceso Diario Judicial. “Tras su testimonio, el Sr. Ahuad habría recibido en su cuenta personal de Twitter '@Ahuadroberto' mensajes intimidatorios - 'cuando se suicida', 'ojo que lo van a suicidar'”.
“Tras su testimonio, el Sr. Ahuad habría recibido en su cuenta personal de Twitter '@Ahuadroberto' mensajes intimidatorios - 'cuando se suicida', 'ojo que lo van a suicidar'”.
Además de ello, Ahuad refirió haber tomado conocimiento -a través de allegados- que el periodista Ari Paluch, en su programa radial, habría manifestado “guarda que Ahuad no sea el segundo Nisman”, y por ello efectuó una solicitud de una consigna policial.
Bruglia y Ballesteros consideraron prematura la decisión de Martinez de Giorgi, y para eso recopilaron que Ahuad, al ir a ratificar la denuncia "no logró aportar las mentadas publicaciones de Twitter", aunque aseguró la fecha en la que habría sido efectuada.
Resulta necesario esclarecer la real entidad de los hechos investigados y su correspondiente calificación legal para así dirimir la cuestión suscitada.
"Consideramos que no se han realizado las medidas mínimas que permitan circunscribir adecuadamente el objeto procesal y analizar con precisión la cuestión de competencia“ coincidieron los camaristas.
En ese sentido, tras reconocer que “resultaría apresurado descartar la competencia federal“, y que “aún no se ha logrado siquiera comprobar la existencia de los mensajes intimidatorios“, concluyeron que resultaba necesario “esclarecer la real entidad de los hechos investigados y su correspondiente calificación legal para así dirimir la cuestión suscitada“.