El juez Daniel Rafecas apeló la resolución del Consejo que le impuso una multa del 50% de su sueldo. Consideró que los cargos en su contra fueron “malintencionadamente exagerados y distorsionados, con fines extra-jurídicos”. Las explicaciones por la reunión con la dirigencia de la DAIA.
Luego de que el Consejo de la Magistratura de la Nación le haya aplicado una sanción disciplinaria equivalente al 50% de su sueldo como magistrado por su actuación en la causa iniciada por la denuncia del ex fiscal Alberto Nisman contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y gran parte de su gabinete, el juez federal Daniel Rafecas presentó un escrito de apelación ante la Corte Suprema solicitando que se revoque la multa.
En un escrito de 30 carillas al que accedió Diario Judicial, Rafecas buscó refutar las imputaciones que le efectuaron y que fueron motivo de sanción, destacando que los cargos en su contra fueron “malintencionadamente exagerados y distorsionados, con fines extra-jurídicos”.
Rafecas sostuvo que se lo denunció por ese accionar ante “la falta de argumentos serios y reales” para atacarlo por su fallo en esa causa, además de señalar como principal impulsor de los procesos en su contra e, incluso, de una solicitada en la que se pidió su destitución, al propio Wolff, quien presentó la denuncia por ese hecho en junio de 2016, casi un año y medio después de la reunión.
El primero giró en torno a la reunión que mantuvo con la dirigencia de la DAIA en su despacho, en donde estuvieron presentes el presidente Julio Schossler, el vice Waldo Wolff (denunciante de Rafecas en el Consejo) y el secretario Jorge Knloblovits, y en la cual anticipó que iba a rechazar in limine la denuncia por encubrimiento presentada por Nisman antes de morir.
Rafecas sostuvo que se lo denunció por ese accionar ante “la falta de argumentos serios y reales” para atacarlo por su fallo en esa causa, además de señalar como principal impulsor de los procesos en su contra e, incluso, de una solicitada en la que se pidió su destitución, al propio Wolff, quien presentó la denuncia por ese hecho en junio de 2016, casi u año y medio después de la reunión.
El magistrado destacó “el grado de animosidad” para con la persona y también para con “la investidura y rol del juez” de parte de Wolff.
La reunión con la dirigencia de la DAIA
En su descargo Rafecas hizo mención a su trabajo “en pos de objetivos que asume como propios” en materia de lucha contra el antisemitismo y la discriminación, además de la difusión de la historia de la Shoá, y que en ese marco consideró necesario “y hasta diría inevitable” convocar a la dirigencia de la comunidad judía para explicarles su decisión de rechazar la denuncia del “plan de encubrimiento” para dotar de impunidad a los iraníes imputados por el atentado a la AMIA.
Según el relato del juez sancionado, en el medio de la reunión se acercó su secretario con la resolución – que estaba previsto firmar con anterioridad- y por una cuestión de “respeto y delicadeza” ya que no quiso hacer esperar a los dirigentes que invitó, suscribió la resolución, momento en donde les comunicó su decisión.
Rafecas dijo que nunca le faltó el respeto a Wolff ni tuvo una “conducta indecorosa”, y opinó que el diputado utilizó ese hecho para “manipular y exagerar” el tenor de la conversación.
El magistrado reiteró varias veces que pensaba recibir a sus invitados con el fallo ya firmado pero que por “correcciones de último momento” no pudo hacerlo, y aseguró que su accionar fue en cumplimiento del Código Iberoamericano de ética Judicial que promueve que los magistrados brinden “información útil, pertinente, comprensible y fiable”.
La llamada telefónica
Al cuestionar la segunda imputación en su contra, consistente en llamar al propio Wolff para, en palabras de magistrado “a partir de la difamación de su persona” y de la investidura que representa, hacerle planteos por sus dichos públicos respecto de que “tergiversó” el contenido de dos dictámenes de Nisman que se hallaron en la caja fuerte de su despacho. Por ese llamado, Wolff denunció al juez por amenazas, donde luego fue sobreseído.
Rafecas dijo que nunca le faltó el respeto a Wolff ni tuvo una “conducta indecorosa”, y opinó que el diputado utilizó ese hecho para “manipular y exagerar” el tenor de la conversación. El escrito de apelación critica que sancionar a un magistrado “por intentar reparar el daño a la confianza pública que se estaba efectuando” era una “arbitrariedad manifiesta”.
Al concluir con su exposición, el juez sugirió que la sanción en su contra fue “para evitar reconocer que correspondía la desestimación completa de todos los cargos”, tras casi tres años de procesos abierto y al filo de la caducidad del mismo y “tanta agitación mediática y política” a raíz de la actuación de un juez ante un proceso particular.
Cómo sigue el proceso
Según la normativa que regula los procesos disciplinarios ante el Consejo, las sanciones aplicadas por el órgano sólo pueden ser objeto de recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia. El remedio se tienen que presentar ante el Consejo dentro de los cinco días de notificada la resolución impugnada, y el cuerpo tiene otros cinco días para declarar o no admisible el mismo. Una vez elevado a la Corte, el Máximo Tribunal tendrá 120 días para pronunciarse.