El Consejo de la Magistratura se prepara para citar al juez federal Eduardo Rafecas en los términos del artículo 20 del Reglamento, de cara a la imputación por haber desestimado la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner. Los detalles de la resolución.
La situación actual del juez del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal, Eduardo Rafecas, se complica cada vez más. Ahora, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura se prepara para citarlo en los términos del artículo 20 del Reglamento, de cara a la imputación por mal desempeño al haber desestimado la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner.
El senador de la UCR y consejero instructor del expediente, Ángel Rozas, solicitó la citación de Rafecas por el artículo 20 del Reglamento de la Comisión, esto es, una especie de declaración indagatoria, donde los consejeros escucharán al juez. El pedido será tratado este jueves por la Comisión de Disciplina.
Cumplido el descargo y concluidas las diligencias probatorias, el consejero deberá, en un plazo de 20 días, elaborar un proyecto de dictamen que podría culminar con la suspensión, juicio político y destitución del magistrado.
El expediente fue impulsado por los diputados nacionales Elisa Carrió y Waldo Wolff contra Rafecas por presunto “mal desempeño en sus funciones” al haber desestimado la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidente Cristina Kirchner y varios de sus funcionarios por encubrir el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
Cabe recordar que el juez federal desestimó la denuncia al entender que “no estaban dadas las mínimas condiciones para iniciar una investigación penal” a partir de lo presentado por el fiscal Nisman, y que luego su colega Gerardo Pollicita requirió su instrucción.
Mientras avanza la investigación en el Consejo de la Magistratura, Rafecas se anotó en un concurso para el cargo de defensor general ante la Corte Suprema.
En un escrito de más de 60 páginas, Rozas consideró que Rafecas dictó la sentencia con “arbitrariedad intencional, con fundamentos aparentes y con la finalidad de favorecer a los más altos funcionarios públicos de ese momento”, constituyendo una “verdadera sentencia fraudulenta y pasible de reproche”.
Entre los aspectos más relevantes, Rozas acusó al juez federal de haber “incumplido con el deber de investigar los hechos” al desestimar la denuncia de Nisman con una “premura inhabitual y mediante un acto infundado”.
El senador resaltó la “importancia institucional de la causa judicial” por el ataque contra la mutual judía y sus derivados. “Siendo inadmisible que un juez o cualquier otro operador jurídico del Estado, disponga medidas o realicen actos que conduzcan a impedir el esclarecimiento de los hechos y la determinación de los responsables”, indicó.
El consejero advirtió que el magistrado “debía desplegar el mayor esfuerzo jurisdiccional posible a los fines de determinar una eventual responsabilidad o no de los imputados”. Además le reprochó no haber producido medidas de prueba, ofrecidas en la denuncia y las requeridas por el Ministerio Público Fiscal.
También le atribuyó “manifiesta e intencional parcialidad y arbitrariedad en el análisis de los pocos elementos con los que contaba el juez al momento de resolver”, y haber incumplido “intencionalmente con el deber de fundamentar adecuadamente su sentencia”.
“Surge de las actuaciones que el magistrado ha desestimado sin más, la gravísima denuncia efectuada por el Fiscal General AMIA, ello sin dar lugar a la mínima investigación de los hechos denunciados, habiendo dictado el fallo con una inhabitual celeridad, sobre todo atendiendo a la complejidad del tema”, añadió el dictamen al cual accedió Diario Judicial.
Por último, Rozas le imputó haber efectuado “actos ofensivos al decoro de la función judicial” al citar a su despacho a los dirigentes de la comunidad judía Wolff, Julio Schlosser y Jorge Knoblovitz para hacerles manifestaciones respecto de la resolución y la capacidad o el estado psiquiátrico del fiscal que requirió la investigación que luego él desestimaría.