Comparatore le pidió al juez de la causa, Jorge Luis Ballestero, que además de Erman González sean indagados los ex funcionarios de la cartera de Defensa Jorge Pereyra de Olazábal, Luis González Estévez, Ana de Kessler, Juan Casas, Alejandro Canese, Juan Antonio Ferreyra Pinho y Juan Guma.
La causa se inició por la denuncia de un particular que aseguró que durante el proceso de venta de fábricas de la órbita de Defensa “se habrían producido diversas irregularidades de las cuales podría resultar la comisión de un delito de acción pública”.
Según el denunciante, “los pliegos de licitación de las empresas no habrían sido enviados previamente a la Comisión Bicameral del Honorable Congreso de la Nación ni a la Sindicatura General de Empresas Públicas” tal como lo exige la normativa vigente.
Las irregularidades incluirían también que no se cumplió con el la fijación del precio base en tiempo antes de la apertura de la licitación.
La denuncia abarca la privatización de la Fábrica Militar de Tolueno Sintético y de la Fábrica de Vainas y Conductores Eléctricos, que -asegura el denunciante- habría sido vendida “a precio vil”.
Según Comparatore en la investigación se evidencia “la existencia de ciertas anomalías que bien podrían provocar severos cuestionamientos al proceso licitatorio” de las fábricas.
En cuanto a los argumentos para requerir las indagatorias, el fiscal entendió que “los principales funcionarios encargados de llevar adelante la venta de las fábricas militares no han guardado aparentemente la debida vigilancia” del proceso de licitación.
Además, Comparatore pidió que se indague a los beneficiarios privados de las presuntas concesiones irregulares: Guillermo Ángel Decker, Rodolfo Hoter, Washington Mario Vergara Martínez y Ramón Gutiérrez Larios y al responsable de la empresa Rhasa, Mario Luis de Angelis.