Gil Lavedra advirtió que la norma no establece "una negociación" del Estado con los delincuentes, porque "no se trata de un premio automático".
"Quien aporte datos a una investigación no tiene un premio asegurado", advirtió Gil Lavedra, quien además destacó que el arrepentido "no puede quedar exonerado de un delito mayor del que denuncia".
Durante su extensa exposición, el ministro sostuvo que el esclarecimiento de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA. son un reclamo de "las víctimas y la sociedad entera", que piden por la creación de "los mecanismos adecuados para llegar a la averiguación de la verdad aún pendiente".
"Para estos hechos el Estado tiene que tener una respuesta adecuada sin violar garantías", enfatizó. Luego de hacer una reseña histórica acerca de los distintos proyectos y la utilización de la figura del arrepentido en otros paises, Gil Lavedra admitió "los riegos y las objeciones" que se plantean, como la cuestión "moral de que el Estado no puede negociar con delincuentes".
Sin embargo, defendió la iniciativa al sostener que es la "paz social la que se ve resquebrajada frente a la impunidad de determinados hechos" y el "costo que paga el Estado frente al no esclarecimiento de los mismo". Pese a las objeciones planteadas por el senador Jorge Yoma (PJ) el justicialismo se comprometió a "impulsar" el proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
Quedará entonces por resolver si se modifican cuestiones referidas a la reducción del monto de la pena para aquellos que colaboren con el esclarcimiento de un hecho terrorista. Los Justicialistas le hicieron saber al ministro que, tal como lo contempla el proyecto aprobado en Diputados, de reducir la pena a la mitad de la tentativa "hace imposible la excarcelación y el cumplimiento condicional de la pena", por lo que a su entender pone en peligro la vida del arrepentido en el interior de la cárcel.
Asimismo, le propusieron la implementación de "un sistema cautivante para una persona que debe decidir bajo la tremenda presión que significa convertirse en delator".
También concurrió al Senado el presidente de la DAIA, Rogelio Cichowolski, quien en nombre de la comunidad judía reclamó la aprobación e la norma como un instrumento útil para el esclarecimiento de los atentados.