La Comisión de Disciplina analizará un dictamen acusatorio contra el magistrado federal Mario Reynaldi, acusado de encubrir casos de trata. El proceso que podría terminar con su destitución. También se presentó una postura alternativa para aplicarle sólo una sanción económica.
Este jueves será una jornada decisiva para el juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz, Mario Reynaldi. La Comisión de Disciplina y Acusación convocó a una reunión para tratar el dictamen acusatorio presentado por la consejera Adriana Donato, quien solicitó la apertura del procedimiento de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento.
La investigación se inició por una presentación del titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Marcelo Colombo, quien denunció la presunta relación entre el magistrado y ex policía Horario Herrera, imputado en una causa por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en la ciudad de Río Gallegos.
La acusación se centró en una serie de escuchas telefónicas entre el magistrado y el comisario retirado, cuyo teléfono estaba intervenido por la investigación judicial. Concretamente, el juez mantuvo con Herrera un total de 71 llamadas y 32 mensajes de texto durante un periodo de tres meses.
Según el fiscal, Reynaldi “no sólo ha mantenido una fluida comunicación con una persona imputada por el delito de trata de personas”, sino que “tenía conocimiento de la actividad desarrollada”.
En su descargo, el magistrado negó “toda autoría y responsabilidad” de los cargos achacados, pero reconoció haber aportado información a Herrera respecto de quien podía ayudarlo a realizar un trámite en la Aduana de Río Gallegos, además de gestionar cuestiones relaciones con el divorcio del ex comisario.
Fuentes judiciales confirmaron que el dictamen “aún no cuenta con los votos suficientes” a pesar de las graves acusaciones, dado que los integrantes del estamento judicial se oponen a la suspensión y destitución del magistrado, por lo que podría sólo recibir una sanción económica.
Tras varios meses de instrucción y docenas de medidas de pruebas, la consejera instructora Adriana Donato presentó formalmente la acusación contra el juez por "mal desempeño de sus funciones" y solicitó la apertura del procedimiento de remoción.
Donato consideró que los hechos que se imputan al magistrado “no son comunes o menores”, sino que “se enmarcan en una causa judicial que tiene por objeto investigar el flagelo de la trata de personas y varias conductas que se dan en el ámbito mayor de la criminalidad organizada”.
Puntualmente, estimó acreditada la relación de “amistad” entre Reynaldi y Herrera, al igual que el “asiduo intercambio telefónico” y “contacto habitual” entre ambos en plena época de la investigación.
“(…) resulta necesario resaltar la actitud de Reynaldi de haber mantenido contacto permanente con quien se encontraba imputado en una causa penal por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, a sabiendas de ello, afectándose así la investidura y decoro de sus funciones”, señaló el dictamen de 97 páginas.
También le atribuyó, entre otros cargos, haber “obtenido y utilizado información de una causa judicial para alertar” a su amigo imputado sobre las medidas, a fin de “beneficiarlo de tal modo, frustrando además la eficacia de la medida y perjudicando gravemente el curso de la investigación”.
Fuentes judiciales confirmaron que el dictamen “aún no cuenta con los votos suficientes” a pesar de las graves acusaciones, dado que los integrantes del estamento judicial se oponen a la suspensión y destitución del magistrado, por lo que podría sólo recibir una sanción económica.
En las últimas horas, los consejeros-jueces Luis María Cabral y Leónidas Moldes presentaron un dictamen alternativo donde solamente se le imputa haber gestionado a favor de Herrera un trámite por un vehículo ante la Aduana. Por consiguiente, pidieron una sanción de multa equivalente al 30% de su haber mensual, que finalmente lo alejaría del jury.