El presidente de la Comisión encargada de elaborar el anteproyecto de Reforma del Código Penal, Mariano Borinsky, señaló que se incluirá la "transparencia en la financiamiento ilegal de los partidos políticos" en el nuevo texto. “Para estos delitos se prevén penas de hasta diez años de prisión, así también fuertes sanciones económicas a los particulares y a las personas jurídicas que intervengan”, dijo. Además destacó que en "casos más graves también se impondrá una inhabilitación absoluta, la privación del derecho electoral, a los condenados por delitos electorales gravísimos y no solo como hasta ahora a los penados por atentar contra el orden constitucional y la vida democrática”. Y añadió: “Cuando un funcionario público destine, o permita la utilización de fondos, efectos, bienes y/o servicios con un destino distinto al legal, con el propósito de beneficiar o perjudicar a un precandidato, candidato, partido o agrupación política o cuando con el fin de ocultar la identidad de un aportante o contribuyente, o el monto del aporte o contribución lo fragmente, será severamente penado”. Entre otras cuestiones, se prevén penas para quienes ingresen en los sistemas informáticos, para alterar la información o robarla; como así también el diseño o transmisión de programas para bloquear el comicios o la transmisión de sus resultados o el utilizar códigos de accesos o de control de dispositivos.