El titular de la Fiscalía Federal de Río Grande, Marcelo Alejandro Rapoport, con la asistencia de Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), requirió la detención y las declaraciones indagatorias de 26 militares, en el marco de la causa donde se investigan los crímenes que sufrieron conscriptos argentinos durante el contexto bélico del Atlántico Sur. La presentación se circunscribe a hechos de torturas ocurridos en la Isla Gran Malvina, específicamente en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú. Allí tuvo desempeño el Regimiento de Infantería N°5 -dependiente de la III Brigada de Infantería-, al que estaban subordinadas cinco compañías militares. Según consta en la presentación de la Fiscalía, las autoridades militares habrían "ordenado y ejecutado contra soldados conscriptos diversos actos de tortura" como forma de controlar las alegadas indisciplinas que generaban las penurias que padecía la tropa a causa, fundamentalmente, de la falta de abrigo y comida.