El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires expresó su postura acerca de la reforma del fuero laboral propuesta por el Poder Ejecutivo provincial y que se está discuento actualmente en la Legislatura.
Por María Gabriela Alcolumbre (*)
El Poder Ejecutivo provincial impulsa un proyecto en el Senado por el cual pretende modificar tanto la forma en que se organiza el Fuero Laboral, como el procedimiento por el cual se rigen los juicios. El principal motivo explicitado para promover estas modificaciones es la prolongada duración de los procesos laborales. El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires estableció claramente que el proyecto propuesto, lejos de solucionar los problemas que denuncia, tiende a profundizarlos.
Con bases estadísticas de la SCBA y de la CNAT, el Colegio demostró que los procesos laborales en la provincia, con la forma actual de organización en Tribunales Colegiados de Instancia Única, duran en promedio 659 días (21 meses) mientras que en la Justicia Nacional, donde hay jueces de primera instancia y una Cámara para la revisión de los fallos, como propone la reforma, más de la mitad de los juicios tarda entre 3 y 4 años. Las estadísticas de la SCBA reflejan que en el año 2017 ingresaron a los Tribunales del Trabajo más de 89.000 causas y que al cabo del año se habían resuelto más de la mitad, lo que implica una alta tasa de resolución de conflictos.
Los representantes de los magistrados señalaron la incompatibilidad técnica temporal que existe entre la sección del proyecto que dispone disminuir en algunas zonas de la provincia el número de juzgados y otro proyecto, también del Ejecutivo y recientemente aprobado por la Cámara de Diputados, que crea la Comisión del Mapa Judicial, que habría de ser el único órgano legalmente constituido capaz de sugerir la creación, traslado o eliminación de órganos jurisdiccionales y del Ministerio Público.
Como parte de los aportes técnicos realizados a las comisiones del Senado provincial, los jueces laborales solicitaron que se les otorguen las herramientas necesarias para que los procesos duren menos y para que pueda aumentar la tasa de resolución de los conflictos a través del dictado de sentencias.
Cualquier reforma que pretenda introducir cambios en la forma de organizar el Poder Judicial de la provincia, importa necesariamente la afectación de fondos destinados a ese Poder y, por consiguiente, no debería recibir tratamiento del Legislativo sino hasta después de sancionarse una ley que le reconozca la autonomía administrativa y la autarquía financiera que le corresponde como Poder independiente.
Concretamente, que se les permita mantener el instituto de la caducidad de instancia; que se sancione con otro apercibimiento las demandas y escritos defectuosos; que se les autorice a declarar de oficio la rebeldía; a notificar la absolución de posiciones al demandado rebelde en los estrados del tribunal; a declarar la incompetencia territorial de oficio; a suspender las audiencias de vista de causa exclusivamente por ausencia de testigos, entre otros señalamientos críticos formulados en el dictamen que se envió al Senado.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios, agradeció la predisposición al diálogo de los senadores y destacó que cualquier reforma que pretenda introducir cambios en la forma de organizar el Poder Judicial de la provincia, importa necesariamente la afectación de fondos destinados a ese Poder y, por consiguiente, no debería recibir tratamiento del Legislativo sino hasta después de sancionarse una ley que le reconozca la autonomía administrativa y la autarquía financiera que le corresponde como Poder independiente.
(*) Jueza integrante de la Comisión del Fuero Laboral constituida por el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia.