La Corte Suprema envió una nota al Jefe de Gabinete la urgente ampliación de fondos ante un riesgo de "paralización" de las actividades del Máximo Tribunal y reconoció salarios por debajo de la inflación. El Ministerio de Justicia se "sintió sorprendido" y el gremio judicial se declaró en en estado de alerta y movilización.
La Corte Suprema abrió un nuevo frente de conflicto con el Poder Ejecutivo Nacional debido a la falta de provisión de fondos para afrontar los gastos del Máximo Tribunal, que el último jueves remitió una nota advirtiendo que si la plata no llega hay riesgo de paralización de actividades.
La nota, suscripta por los supremos Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, fue remitida por oficio n° 768/2018 y es una respuesta a otra nota remitida por la Jefatura de Gabinete el 18 de junio de 2018 "en virtud de la respuesta dada en la misma" al pedido de modificación en las partidas presupuestarias efectuado por los supremos.
Hasta allí, el pedido discurría por los carriles protocolares, pero a partir de allí apareció el alerta. La nota agrega: "teniendo en cuenta que la dilación en su otorgamiento provoca un riesgo de inmediata paralización de las actividades del Alto Tribunal, se requiere de manera urgente las ampliaciones solicitadas en el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
El gremio judicial alerta que con la situación actual se pretende condicionar la política salarial del Poder Judicial de la Nación, lo que pone en riesgo la necesaria independencia que debe existir entre los diferentes poderes del Estado
Pero allí no terminó el asunto sino que la Corte se pronunció sobre la "política salarial". A la jefatura comandada por Marcos Peña le hizo saber que en año 2018 "solo se ha autorizado un 10% de aumento" ya que el 5% autorizado en el mes de febrero corresponde al año 2017, pero además que se le autorizó "a todos los sectores estatales cuyos salarios quedaron por debajo de la inflación del año 2017".
A principios de febrero el Máximo Tribunal ya había solicitado la modificación de partidas "en función de las variaciones económicas acaecidas y con el propósito de mantener el poder adquisitivo de los sueldos de todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación respecto a la inflación y en el marco de la política salarial del año 2017,correspondiendo un cinco po r ciento(5%) a partir del 01 de enero de 2018".
En ese momento, había solicitado que se otorguen $220 millones para gastos del Máximo Tribunal y $ 1.770 millones para gastos del Consejo de la Magistratura.
Sorprendió al gobierno la nota recibida de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referida a la cuestión presupuestaria, aseguran desde el Ministerio de Justicia
La Respuesta
Sin perder tiempo, a las pocas horas de que se haya dado a conocer el pedido de los suipremos, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado donde señala que de los registros de ejecución del presupuesto devengado de la Corte Suprema "no surgen situaciones como la planteada en la nota recepcionada en el día de la fecha por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros".
Desde la cartera conducida por Germán Garavano aclararon que el mismo jueves por la mañana, se realizó una "reunión técnica" entre la Corte y el Ministerio de Hacienda en la que "se analizaron éstas cuestiones sin que surja conflicto alguno", por lo que sorprendió al gobierno la nota recibida de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referida a la cuestión presupuestaria.
"Cualquier situación excepcional, de las que fueron abordadas en la reunión técnica del día de la fecha, se tratará en la próxima reunión interinstitucional de las que se vienen realizando mensualmente entre la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Justicia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación", concluye el comunicado.
Alerta en los judiciales
Si bien la nota de la Corte advierte sobre la paralización de las actividades del Máximo Tribunal, en el Gremio Judicial que dirige Julio Piumato pusieron las barbas en remojo. Al final del día jueves, la Union de Empleados Judiciales de la Nación publicó un comunicado en donde anuncia que la comisión directiva se declara el estado de alerta y movilización en todo el país "ante la grave situación planteada por el Gobierno Nacional".
Según el gremio, con la situación actual se pretende condicionar la política salarial del Poder Judicial de la Nación, lo que pone en riesgo la necesaria independencia que debe existir entre los diferentes poderes del Estado y pone en riesgo la situación salarial de todos los agentes del Poder Judicial y los ministerios Públicos Nacionales".
Desde el gremio de los judiciales sostienen que la "no respuesta del Jefe de Gabinete al reclamo del mas Alto Tribunal", que desembocó en la nota enviada por la Corte es "particularmente grave" ya que se está discutiendo el segundo tramo de la recomposición salarial del 2018 en medio de un crecimiento incesante de la inflación que ya se ha comido el 10% del primer tramo.