La Corte Suprema bonaerense emitió una resolución donde cuestiona al gobierno de Vidal el atraso de la actualización salarial y la brecha que existe respecto a los sueldos de la Justicia Federal. También destacaron la necesidad de una autarquía judicial para evitar que se "menoscabe el servicio de justicia".
La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires emitió una dura resolución donde cuestionó la falta de acuerdo salarial con el Poder Judicial y advirtió la necesidad de ajustar los porcentajes según la inflación y la brecha que existe con la Justicia Federal.
"Esta Corte reitera la necesidad de que los sueldos de los magistrados, funcionarios y agentes judiciales correspondientes al año en curso ponderen los valores inflacionarios informados en el índice de precios al consumidor del INDEC”, sostiene el texto firmado por los miembros del Máximo Tribunal.
Los jueces señalaron que "como principio general, una política salarial, este año ha de ser mayor de la pauta inicial retributiva del 15 por ciento”, en referencia al rechazo de los trabajadores judiciales a la propuesta del gobierno de un aumento del 15 por ciento en tres tramos.
Para los ministros Eduardo Pettigiani, Eduardo De Lazzari, Héctor Negri, Daniel Soria, Luis Genoud e Hilda Kogan, el Poder Ejecutivo provincial “desconoce la garantía de la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados y el derecho a la justa retribución de funcionarios y agentes”.
Los magistrados también reclamaron la “brecha salarial” que existe respecto de los miembros de la justicia nacional y federal, que sitúan en el orden del 40 por ciento. Remarcaron que al comparar los incrementos salariales de este año en esos ámbitos, se comprobó que “para todos los niveles que acumulados sobrepasan el 15%”, mientras que para el Poder Judicial de la Provincia “ha sido del 3% a partir de enero y llega sólo al 7% a partir de marzo, pese a que la inflación correspondiente al primer semestre del año ha de ser del doble de este guarismo”.
En esa línea, los integrantes del Superior Tribunal señalaron que la existencia de un sistema que habilita al Poder Ejecutivo a fijar las retribuciones de los miembros de Poder Judicial “arroja como resultado el deterioro salarial arriba señalado” y puede generar “juntamente con la ausencia de autarquía judicial, un menoscabo al servicio de justicia, que es consustancial al Estado de Derecho”.
Los jueces señalaron que "como principio general, una política salarial, este año ha de ser mayor de la pauta inicial retributiva del 15 por ciento”, en referencia al rechazo de los trabajadores judiciales a la propuesta del gobierno de un aumento del 15 por ciento en tres tramos.
Un detalle no menor es que el documento publicado fue elaborado en coordinación con la Procuración General, cuyo titular es Julio Conte Grand, hombre de extrema confianza de la gobernadora María Eugenia Vidal.