El Superior Tribunal bonaerense emitió una resolución donde cuestiona duramente la reforma del fuero laboral propuesto por el Poder Ejecutivo. Los jueces advirtieron sobre la falta de "recursos centrales para su implementación”.
La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires alzó nuevamente la voz contra las políticas del gobierno de María Eugenia Vidal. Mediante una resolución se pronunció en contra del proyecto de reforma del fuero laboral al advertir sobre la falta de "recursos centrales para su implementación”.
El documento lleva la firma de todos los miembros del Tribunal, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan, Eduardo de Lázzari, Héctor Negri, Daniel Soria y Luis Esteban Genoud, quienes pidieron que sos consideraciones sean tenidas en cuenta a fin de evitar "problemas presupuestarios, de soporte técnico e infraestructura".
Los jueces señalaron que, en el caso que la reforma se apruebe, “será necesario solicitar entre 850 y 1.000 cargos adicionales, la mayoría de los cuales deberían ser letrados” y, además, la construcción de nuevos espacios, lo que implicaría una gran inversión.
La Corte tradujo en números todas sus inquietudes y expresó que se trataría de “aproximadamente $971.000.000 en el rubro personal, además de $37.600.000 en gastos de alquileres, respetando las configuraciones actuales en materia de organización del trabajo”.
“Ante cambios estructurales de tamaña magnitud como los que se proponen, resulta ineludible establecer principios superiores surgidos de políticas públicas sólidas, planificadas y de consenso, donde la Suprema Corte de Justicia y los distintos actores del sistema judicial, aporten sus experiencias y propuestas”, resaltaron los magistrados y apuntaron de lleno contra las políticas de Vidal.
El rechazo del Superior Tribunal se suma al del Colegio de Magistrados de la provincia de Buenos Aires y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia, quienes expresaron que el “Ejecutivo pretende modificar tanto la forma en que se organiza el Fuero Laboral, como el procedimiento por el cual se rigen los juicios” y dicho mecanismo "lejos de solucionar los problemas que denuncia, tiende a profundizarlos”.
Las instituciones aprovecharon la situación para pedir la autarquía del Poder Judicial y sostuvieron que “cualquier reforma que pretenda introducir cambios, importa necesariamente la afectación de fondos destinados a ese Poder y no debería recibir tratamiento hasta después de sancionarse una ley que le reconozca la autonomía administrativa y la autarquía financiera que le corresponde como Poder independiente”.
No es la primera vez que la Corte se muestra inconforme con algunas políticas del gobierno de Cambiemos. Días atrás le exigió al Ejecutivo que decrete un aumentos salarial mayor al 15% a los trabajadores judiciales y jueces para equiparar las remuneraciones con la justicia federal.
Los jueces señalaron que, en el caso que la reforma se apruebe, “será necesario solicitar entre 850 y 1.000 cargos adicionales, la mayoría de los cuales deberían ser letrados” y, además, la construcción de nuevos espacios, lo que implicaría una gran inversión.