Magistrados nacionales y porteños se cruzaron nuevamente por el traspaso de la Justicia a la Ciudad. Comunicados cruzados y duras críticas al proyecto que logró dictamen favorable en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
En la última reunión de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, los legisladores avanzaron en el dictamen a favor del traspaso de la Justicia Nacional en materia de consumo, como así también de las facultades y funciones de la Inspección General de Justicia (IGJ) a la Ciudad de Buenos Aires.
Estas iniciativas llevaban meses dormidas en el Congreso y su reactivación generó nuevamente un conflicto entre los magistrados nacionales y porteños, quienes emitieron sendos comunicados.
En concreto, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) reiteró su rechazo al traspaso y afirmó: “La medida genera sólidas objeciones de orden constitucional, pues la Ciudad no es una provincia, por lo que bajo ningún concepto puede variarse el status de un magistrado o funcionario nacional a partir de una ley”.
Mediante un pronunciamiento, la entidad calificó de precario el régimen de “derechos y garantías para magistrados y funcionarios” en cuanto a la “remuneración, régimen jubilatorio, obra social y, especialmente los mecanismos de nombramiento y remoción”.
“En este orden, la sociedad exige con razón que sus magistrados sean independientes de cualquier poder, del Estado o no, y ello requiere ineludiblemente mecanismos de elección y remoción transparentes”, sostuvo y advirtió: “Ello no ocurre en el Consejo de la Magistratura de la CABA, en el que se observa, con fundada preocupación, las motivaciones políticas en muchos y cuestionados nombramientos”.
En otro tramo del comunicado, la AMFJN cuestionó las mayorías necesarias para el enjuiciamiento de jueces en el Consejo porteño. “Estas objeciones resultan terminantes y justifican la oposición de esta asociación a un traspaso que resulta a todas luces ilegítimo”, concluyó.
El Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad salió al cruce y sostuvo que el “traspaso de la justicia ordinaria a la órbita local resulta un imperativo constitucional que se funda en la clara letra del artículo 129 de la Carta Magna y en la incuestionable voluntad del constituyente de la reforma del año 1994”.
A este rechazo se sumó la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), la cual consideró que el proyecto “constituye un ataque directo a los trabajadores judiciales”, y que además “afecta la independencia” del Poder Judicial.
El Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad salió al cruce y sostuvo que el “traspaso de la justicia ordinaria a la órbita local resulta un imperativo constitucional que se funda en la clara letra del artículo 129 de la Carta Magna y en la incuestionable voluntad del constituyente de la reforma del año 1994”.
“La concreción de ese traspaso redundará en la equiparación de los porteños al resto de los ciudadanos de la Argentina, en cuanto a su derecho de elegir a través de sus representantes a los jueces y magistrados del ministerio público encargados de la administración de justicia en nombre del pueblo en el cual ejercen sus funciones y competencias”, afirmó.
Para la entidad, el “derecho propio y exclusivo de los habitantes de cada jurisdicción local, está por encima de los intereses de quienes aún hoy tienen asignada esa tarea”, y aclaró que los magistrados y funcionarios “no verán menguada jerarquía alguna, sino por el contrario la calidad propia de su función, en tanto no ejercen competencia federal sino local”.
Además, los magistrados y funcionarios porteños lamentaron los conceptos “desdorosos” que los “colegas nacionales han elegido para poner en duda la integridad de un Poder Judicial”, y solicitaron dejar de lado los “temores y prejuicios infundados y a abrazar sin más la causa de la Constitución para consolidar una Justicia para la Ciudad”.