IMÁGENES. La televisión mostraba su lado mas cruel derramando información sin procesar y muchas veces sin chequear, decidida que estaba -casi sin exclusión- a una competencia más que peligrosa, poniendo en riesgo la vida de Antonio Echarri, padre del conocido actor. Todo resultaba vergonzoso, y en esa novela por entregas, lloraban la Biblia junto al calefón, en una imagen verdaderamente discepoleana. En uno de los “paneles” que seguía las alternativas del caso apareció junto a un médico y un comisario retirado, el juez de instrucción Hector Luis Yrimia, quien se ha especializado en la resolución de situaciones de alto riesgo, como son los secuestros extorsivos y secuestros con toma de rehenes, opinando casi como un consagrado “gurú” del género policial que el padre de Pablo Echarri se encontraba con vida. No es novedad la existencia de los llamados “jueces mediáticos”, que reconocen como indiscutido precursor al actualmente poderoso abogado Alberto Piotti, seguido por una calificada nómina donde se inscribía el ahora ex juez Adolfo Bagnasco y el últimamente silencioso Julio Cruciani, entre otros. El caso de Yrimia aparecería como distinto a los anteriores, ya que durante el anterior gobierno de la Alianza tuvo una suerte de año sabático como juez, durante el cual perfeccionó su especialidad en una dependencia del Ejecutivo, y al parecer hasta habría tenido el tiempo suficiente para crear su propio emprendimiento de asesoramiento comunitario, para aquellos que muestran una preocupación ante la posibilidad de ser víctima de uno de los delitos más distintivos de la época. En las últimas semanas circuló en el Palacio de Tribunales una tarjeta del llamado “Grupo Docsi-Cátedra Abierta de Seguridad” con domicilio en Cabildo 134 de Morón, especializada en asesoramiento en secuestros con toma de rehenes cuyo director general es Hector Luis Yrimia, dejando un margen muy reducido a la posibilidad de que se trate de un homónimo.
MOLESTOS. Siguen los jueces del Tribunal Oral Federal 3 con el abogado Jorge Poblete, defensor de Irineo Leal, uno de los sindicados partícipes necesarios del atentado contra la AMIA. Hace pocos días, los jueces Miguel Pons, Gerardo Larrambebere y Guillermo Gordo le impusieron al letrado defensor una “sanción por prevención” debido a que salió en defensa de un colega, el defensor oficial Eduardo García, con un escrito en donde, en duros términos, conminaba al juez Pons a disculparse con García por lo sucedido en la audiencia del 8 de octubre último, cuando el defensor oficial no pudo terminar un planteo contra los testimonios de identidad reservada porque Pons levantó la audiencia. Lejos de aceptar la posición de Poblete, los jueces lo apercibieron y remitieron las actuaciones al Colegio Público de Abogados. Pero el asunto no terminó ahí. La semana pasada el representante de Leal pidió que reconsideran la decisión. Pero los jueces entendieron que por el modo en que formuló la reconsideración “no era más que una reafirmación” de sus dichos anteriores, por lo que la rechazaron de plano. Mientras tanto, Poblete no oculta su preocupación y cree que los jueces no observaron el planteo de fondo que pretendía, afirma el sancionado, que sólo perseguía el fin de “preservar el derecho a la legítima defensa”. Son ya muchos los que piensan que Poblete y Pons deberán encontrar una fórmula de convivencia, porque al juicio por el atentado le quedan todavía muchos meses por delante. (Especial de Diariodeljuicio.com)
ESTA BOCA NO ES MÍA. Parece haber dicho el juez en lo contencioso administrativo federal Osvaldo Guglielmino cuando se refirió al fallo “Tobar” de la Corte Suprema –declaración de inconstitucionalidad de los recortes a salarios del sector público-. Es que el temperamental juez debía resolver un planteo formulado por la Ombudsman porteña, Alicia Oliveira, decidiendo la restitución del descuento del 13 por ciento a los jubilados estatales. En ese sentido, esta columna pudo averiguar que Guglielmino, quien casi no da declaraciones, no está de acuerdo con el fallo de la Corte, ya que entiende que con ese tipo de sentencias la justicia se pone en rol de gobernar al país y no en el de cumplir la verdadera función, la cual es impartir justicia. Al parecer el magistrado, que está muy cerca de ser camarista, entendió que la decisión del Alto Tribunal no aportó ninguna solución al tema, ya que tan sólo marcó un cambio en el lugar de donde sacar el dinero. Punto que no parece tan descabellado si se tiene en cuenta que el mismo Julio Nazareno afirmó que “no le importaba como se iba a pagar ni como se iba a devolver, ya que no era asunto suyo” en referncia a la restitución del 13 por ciento. Pero entonces, ¿Por qué el juez se pronunció a favor de la presentación? Lo hizo con el único fin de darle celeridad y economía procesal al caso, ya que tenía la certeza de que el hecho de haberse pronunciado en contra le hubiera significado un revés en su Cámara de Apelaciones, que habría revocado su sentencia de primera instancia. No hay que abusar de la “plancha”.