La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se sumó a las críticas contra el proyecto de ley para que todos los judiciales tributen el Impuesto a las Ganancias.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) rechazó el proyecto de ley presentado por la Unión Cívica Radical (UCR) para que todos los judiciales paguen Impuesto a las Ganancias.
Tras varias reuniones, las tres listas que actualmente convergen en el Consejo Directivo de la entidad -Lista Bordó, Lista Celeste y Compromiso Judicial- acordaron llevar adelante "todas las gestiones que se encuentran a su alcance para preservar la intangibilidad de la remuneración de los magistrados y funcionarios que integran el servicio de justicia”.
Mediante un comunicado, la entidad señaló que "intangibilidad de los salarios, constituye una pieza fundamental" de la independencia del Poder Judicial. "Sólo de ese modo se logrará una administración de justicia idónea, eficiente e independiente de los demás poderes del Estado”, aseveraron.
El debate por Ganancias se reaviva en un momento de cambios dentro de la entidad que nuclea a jueces, fiscales y defensores federales y nacionales, ya que el próximo 22 de noviembre se renovarán sus autoridades.
La lista Bordó postuló para la presidencia a Hernán Moncla, juez de Cámara Comercial; mientras que la lista Celeste propuso al juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Roberto Pompa. Por último, la lista Compromiso Judicial lleva como candidato a Oscar Ameal, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
Las agrupaciones se sumaron al rechazo, pero se comprometieron a no hacer de la cuestión una herramienta de campaña electoral con vista a la renovación de autoridades.
Los tres candidatos competirán por la conducción de la institución, que actualmente está presidida por María Lilia Gómez Alonso. También se renovarán 24 miembros del Consejo Directivo y Comisión Revisora de Cuentas.
Las agrupaciones se sumaron al rechazo, pero se comprometieron a no hacer de la cuestión una herramienta de campaña electoral con vista a la renovación de autoridades. “Actos en tal sentido banalizan la problemática en la que hoy nos encontramos inmersos y resquebraja la contundencia de la posición colectiva en perjuicio del propio conjunto”, señalaron desde la entidad.