Diputados del PRO presentaron un proyecto para el traspaso de la Justicia Nacional en lo Civil, y de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa de la Nación a la Ciudad. Prevé la jubilación y el retiro voluntario de aquellos funcionarios que no deseen ser transferidos.
Un grupo de diputados presentaron un proyecto de ley para avanzar con la transferencia de la Justicia Nacional en lo Civil, y de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa de la Nación a la Ciudad.
La iniciativa, impulsada por legisladores del PRO, busca transferir al Poder Judicial porteño la competencia que actualmente ejercen los Juzgados Nacionales en lo Civil, con exclusión de los tribunales con competencia en asuntos de familia y capacidad de las personas. También traspasa la competencia que actualmente ejerce el Ministerio Público Fiscal de la Nación y de la Defensa de la Nación ante el fuero.
En particular, la iniciativa propone la transferencia de las competencias en materia civil patrimonial y de la justicia civil patrimonial, específicamente los tribunales de primera y segunda instancia, como así también la fiscalía con actuación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil; y algunas de las fiscalías y defensorías que tienen multicompetencia y que actúan ante ese fuero.
En el proyecto se destina un capítulo completo sobre los derechos de los judiciales, quienes, en su gran mayoría, se oponen a la transferencia. A este rechazo se suman los gremios los cuales ya adelantaron su postura.
“El reconocimiento de la autonomía legislativa, jurisdiccional y administrativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires consagrada en el artículo 129 de la Constitución Nacional, tiende principalmente al fortalecimiento del federalismo como sistema político”, advierte el proyecto presentado en la Cámara Baja.
Los diputados estimaron que la transferencia “deberá realizarse con los recursos y de acuerdo con la forma en que se ha venido haciendo hasta el presente en las transferencias anteriores”. También prevé el traspaso de los jueces, magistrados, funcionarios y empleados que actualmente están prestando servicios en este fuero.
“Sería contrario a la idea y al espíritu constitucional transferir las competencias que son el total del trabajo de estos tribunales sin traspasar a su personal”, indicaron.
En el proyecto se destina un capítulo completo sobre los derechos de los judiciales, quienes, en su gran mayoría, se oponen a la transferencia. A este rechazo se suman los gremios los cuales ya adelantaron su postura.
Sobre este último punto, el proyecto considera las "resistencias que han manifestado algunos actores", por lo que estable la "posibilidad de que los jueces y funcionarios que se encuentren próximos a obtener su beneficio jubilatorio, puedan anticipar el mismo; al igual que aquellos empleados a los que les falte alguno de los requisitos para acceder a su jubilación, puedan optar por el retiro voluntario en condiciones realmente muy favorables”.