La Corte Suprema resolvió una contienda de competencia con la justicia federal y decidió que la justicia de garantías de Morón investigue una denuncia sobre “zonas liberadas” en la provincia de Buenos Aires, que surgía de un informe del programa “Periodismo para Todos”.
Por los “fundamentos y conclusiones” del dictamen del procurador fiscal, la Corte Suprema declaró que una investigación sobre “zonas liberadas” en la provincia de Buenos Aires que se inició tras un informe del programa "Periodismo para todos", tramite ante la Justicia local.
La investigación que dio origen a la causa “N.N. s/ infracción ley 23.737. Denunciante: programa televisivo Periodismo Para Todos” tuvo su origen en un informe emitido por el programa periodístico, donde se hizo referencia a que en la provincia de Buenos Aires, existirían "zonas liberadas" para la comisión de delitos, “y que en ellos estarían involucradas fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, tanto del ámbito judicial como del político”.
El procurador consideró ello imprescindible “a fin de acreditar mínimamente quienes serían las personas involucradas y cuáles serían los delitos a investigar”, y de esa forma “determinar tanto la competencia material como territorial”.
La causa comenzó a tramitar ante la Justicia de Garantías de Morón, pero el magistrado que previno declinó su competencia en favor de la Justicia Federal de esa localidad, con base en que los hechos descriptos “develaban cuestiones de interés público, que afectaban directa o indirectamente a la seguridad del Estado Nacional, o a alguna de sus instituciones”. Además de que ese fuero “no contaba con los medios y recursos necesarios para actuar con mayor eficacia en esta investigación”.
El juez federal, por su parte, rechazó la atribución de competencia por considerarla prematura. Sostuvo que el magistrado local “no había practicado la mínima investigación que se encaminara a demostrar la materialidad de los sucesos denunciados”.
l resolver la contienda, los ministros Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti compartieron el criterio del procurador Eduardo Casal, para quien “aún no se han realizado medidas tendientes a establecer con el grado de certeza que esta etapa procesal requiere, la veracidad de los sucesos expuestos en el informe periodístico”.
El procurador consideró ello imprescindible “a fin de acreditar mínimamente quienes serían las personas involucradas y cuáles serían los delitos a investigar”, y de esa forma “determinar tanto la competencia material como territorial”.
Por lo tanto, consideró que debía seguir con la causa el juez de garantias, al que le correspondía “incorporar los elementos necesarios para darle precisión a los hechos”.