El Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán modificó el proceso de preselección y resolvió que los aspirantes a juez, fiscal y defensor oficial de la provincia pasen por un examen psicológico obligatorio.
Antonio Estofán, presidente del Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán, logró la adhesión del resto de los miembros a su propuesta de reformar el de preselección de magistrados y, desde ahora, todos los aspirantes a ocupar un cargo en el Poder Judicial de la provincia deberá pasar por un test psicológico obligatorio.
De esta manera, el órgano encargado de confeccionar ternas para que el Poder Ejecutivo cubra vacantes judiciales, resolvió que deberán pasar por este examen todos los aspirantes que lleguen a la audiencia con las autoridades del Consejo, que corresponde a la última fase del concurso público de antecedentes y de oposición.
“Idoneidad también es ser ‘sanito’ porque un concurso cuesta mucha plata para que el juez que resulta elegido después me esté faltando y pidiendo licencia. Si así funcionamos, en los hechos no hemos cubierto ninguna vacante”, expresó Estofán cuando propuso la iniciativa.
Esta nueva medida corresponde a una serie de cambios planteadas por los consejeros que representan a la Legislatura, como el deber de permanecer en el cargo al menos tres años antes de volver a concursar, período de servicio promovido por Juri, vicepresidente del Consejo y número dos de la Legislatura.
Los detalles del test aún no fueron precisados por las autoridades pero, hasta ahora, todo indica que sólo serán evaluadas las aptitudes psicotécnicas de los futuros magistrados y no sería un examen psicofísico, como propuso inicialmente el presidente del CAM, para evitar cualquier posibilidad de discriminación.
El CAM fundó su postura en el actual reglamento del Consejo de la Magistratura de la Nación, que sostiene en su artículo 42 que “con carácter previo a la entrevista, la Comisión requerirá que se efectúe un examen psicológico y psicotécnico a los postulantes (que hayan pasado a la entrevista personal). (El test) tendrá por objeto determinar su aptitud para el desempeño del cargo que en cada caso se concurse. El resultado de estos exámenes será reservado. Cada postulante, cuando así lo solicite, podrá conocer los resultados que le conciernan personalmente".
En esa línea, el artículo que le sigue excluye totalmente a los aspirantes que no se someten a este tipo de evaluación sin una causa justificada.
“Idoneidad también es ser ‘sanito’ porque un concurso cuesta mucha plata para que el juez que resulta elegido después me esté faltando y pidiendo licencia. Si así funcionamos, en los hechos no hemos cubierto ninguna vacante”, expresó Estofán cuando propuso la iniciativa.