24 de Diciembre de 2024
Edición 7118 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 26/12/2024

Un amenazado por denunciar sigue denunciando

Un concejal del Frente Grande de La Rioja amplió su denuncia por presuntas “jubilaciones truchas” en esa provincia y pidió que se investiguen las amenazas que viene sufriendo junto a su familia. Denunció a gente del oficialismo y al ex presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia, Rubén Sejas Mariño, de quien dijo “fue el primer jubilado de la Alianza, en enero del 2000”.

 
El concejal riojano Pablo Orlando Díaz, se presentó en los tribunales porteños para ampliar su denuncia original sobre nuevos casos detectados de jubilaciones y le pidió a la juez Servini de Cubría que sea ella quien investigue las amenazas que viene sufriendo por esta causa, que afecta al más alto nivel de la administración provincial.

Díaz, concejal por el Frente Grande en Olta, cabecera del Departamento de General Belgrano, en el suroeste provincial, ya había denunciado 35 casos de ex funcionarios que accedieron a jubilaciones de privilegio sin cumplir con los requisitos correspondientes, entre quienes incluyó al ex gobernador provincial Bernabé Arnaudo.

Ahora, Díaz volvió a la carga con una nueva denuncia contra otros presuntos jubilados truchos entre quienes, explicó a Diariojudicial.com, “hay gente conocida como entre los anteriores” y nombró al actual presidente de la Cámara de Diputados provincial, Rolando Reyes Bustos; el ex secretario de Educación y ex vicegobernador, Miguel Ángel Asís y al actual intendente de Aimogasta, Nicolás Martínez, todos con jubilaciones que rondarían los 6.000 pesos.

Díaz señaló que los nuevos denunciados son “gente del entorno político del gobernador Ángel Maza”, y señaló al decano de la Universidad Nacional de La Rioja, Rosendo Vera y el ex presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia, Rubén Sejas Mariño. “Fue el primer jubilado de la Alianza, en enero del 2000”, indicó Díaz con sorna.

También destacó que Sejas Mariño fue “asiduo acompañante del gobernador Maza” en la transferencia de las jubilaciones al orden nacional en junio de 1998, cuando en un “acta complementaria” la provincia avaló la “legalidad” de las jubilaciones transferidas, que en mucho casos habían sido objetadas por la ANSES.

En la ampliación de denuncia que formuló hoy en el Juzgado Federal 1, con el patrocinio de los abogados Juan y Alejo Ramos Padilla, Díaz apuntó que “funcionarios de los gobiernos provinciales y municipales, autoridades y empleados del organismo previsional de la Rioja, de la ANSES y gremialistas han fraguado o falsificado ideológicamente actuaciones judiciales para acreditar condiciones para jubilarse”.

Amenazado

Además, Díaz manifestó ante Servini que desde que denunció las jubilaciones irregulares “recibió una persecución política y judicial y amenazas de muerte desde los más altos niveles del gobierno” de La Rioja, lo que “autoriza mi intervención en el rol de querellante”, porque -aseguró- “hay una manifiesta conexidad” entre las jubilaciones irregulares y las amenazas en su contra.

Por esta conexidad, Díaz pidió que sea la juez Servini la que investigue las amenazas como parte integrante de la misma causa. “Vengo siendo perseguido por aquellos que quieren evitar que continúe realizando denuncias, para asegurar la impunidad de los autores”, remarcó.

“Los abogados temen por mi vida”, explicó a Díaz en diálogo con este diario, y adelantó que junto a la denuncia “nos hemos presentado para fundamentar lo que estamos diciendo”.



dju / dju
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